En un fallo con un fuerte impacto en el sistema educativo, la Justicia Nacional del Trabajo dictó una medida cautelar que suspende la aplicación de la Ley N.º 27.802 en el sector docente, frenando especialmente la declaración de la educación como «servicio esencial» y la exigencia de un 75% de cobertura de personal en paros.

Esta resolución, impulsada por la Unión Docentes Argentinos (UDA) , restituye temporalmente las garantías de huelga y protesta en el sector a nivel nacional. De esta manera, ya son por lo menos cinco los dictámenes que frenan la implementación de distintas partes de la iniciativa del Gobierno.

El punto central de esta batalla judicial radica en la declaración de la educación como «servicio esencial», una figura que la reforma laboral de Javier Milei pretendía establecer para limitar la capacidad de realizar medidas de fuerza. Con esta cautelar, dicho rótulo queda sin efecto de manera temporal, devolviendo al sector las garantías de huelga y protesta gremial previas a la sanción de la ley.

El planteo contra la aplicación de la ley lo hizo la Unión Docentes Argentinos (UDA), que lidera Sergio Romero, quien anunció la sentencia dictada por el titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 74, José Ignacio Ramonet, y afirmó: “La Justicia nos dio la razón y nos garantizan los derechos históricos”.

«Esencial es garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas para el proceso educativo, y no restringir derechos colectivos que justamente buscan resguardar esas condiciones», sostuvo Romero. Para el dirigente, la prioridad del Gobierno debe estar focalizada en mejorar los salarios en lugar de avanzar sobre herramientas que tienen los gremios para protestar y alcanzar esas demandas.

El fallo se conoce apenas dos días después de otra resolución de la Justicia laboral, con la que se suspendieron 82 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, también a partir de una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

En este miércoles, “la resolución judicial dejó expresamente establecido que dicha medida cautelar resulta plenamente aplicable al caso del sector docente, manteniéndose suspendida, en esta etapa del proceso, la aplicación de la Ley 27.802 en cuanto califica a la educación como servicio esencial y exige la cobertura obligatoria del 75% del plantel durante medidas de acción sindical”, sostuvo la UDA.