El Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, dictó este martes una medida cautelar que ordenó al Ministerio de Capital Humano mantener las prestaciones económicas del programa “Volver al Trabajo”.

La decisión responde a un amparo colectivo presentado por cinco trabajadores beneficiarios, quienes cuestionaron la finalización de esta asistencia sin la implementación de un mecanismo sustitutivo adecuado.

Según el fallo, el Ministerio de Capital Humano deberá sostener el pago mensual de $78.000 en un plazo de tres días, hasta que se dicte una sentencia definitiva en la causa. En esa línea, la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello deberá presentar las constancias de cumplimiento, bajo apercibimiento de aplicar multas por cada día de retraso.

Los actores, trabajadores de la economía popular sin inserción en el mercado formal de trabajo, argumentaron que la interrupción del programa representaba una omisión ilegítima y una acción arbitraria por parte del Estado Nacional. Solicitaron que se garantizara la continuidad de los derechos económicos, sociales y culturales de carácter alimentario y de inclusión sociolaboral para los beneficiarios, especialmente en un contexto de crisis socioeconómica que agrava su vulnerabilidad.

El plan “Volver al Trabajo” fue creado por el Decreto 198/2024 del Poder Ejecutivo Nacional -firmado por el presidente Javier Milei y la ministra Sandra Pettovello-, y sustituyó al “Potenciar Trabajo” de la gestión anterior con el fin de fomentar la inserción laboral mediante la capacitación sociolaboral.

El Ministerio de Capital Humano había establecido una vigencia de 24 meses para el Proyecto, sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

Cabe señalar, que el magistrado González Charvay es el mismo que le ordenó al Gobierno que implemente plenamente la Ley de Emergencia en Discapacidad, que había sido vetada por el presidente Javier Milei. También es el juez que investiga a las autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

El fallo destacó además que los propios fundamentos del Decreto 198/2024 reconocían la finalidad social del programa y el deber estatal de proteger a los grupos más vulnerables.