Lácteos Verónica logró frenar un pedido de quiebra en la Justicia tras cancelar una deuda superior a los 23 millones de pesos. Sin embargo, la maniobra no modifica el delicado escenario que atraviesa la empresa, marcado por salarios impagos, plantas paralizadas y una operatoria prácticamente detenida.

En este contexto, el pago fue realizado el 17 de marzo en el marco de una causa iniciada por la firma Envases Food Solutions, que reclamaba el cobro de facturas respaldadas con cheques rechazados. De esta manera, la cancelación permitió desactivar el proceso falencial y evitar un avance judicial inmediato.

No obstante, desde el acreedor advirtieron que el problema excede ese caso puntual. En efecto, señalaron la existencia de múltiples incumplimientos, una cadena de pagos interrumpida y un deterioro operativo sostenido, lo que refleja una crisis estructural más profunda.

Por otro lado, si bien la empresa sostiene que no se encuentra en cesación de pagos, acumula cerca de 3.000 cheques rechazados por más de $11.200 millones, además de deudas con bancos, proveedores y trabajadores. En consecuencia, el desembolso aparece como una respuesta selectiva para contener un frente crítico, sin resolver el conjunto de sus obligaciones.

Asimismo, el impacto más grave se evidencia en el plano laboral. Más de 700 trabajadores continúan sin cobrar sus salarios en forma regular, con atrasos que en algunos casos se arrastran desde fines de 2025. Incluso, desde febrero no se registran pagos en varias plantas, lo que obligó a los empleados a recurrir a trabajos informales, asistencia familiar o endeudamiento para cubrir gastos básicos.

En paralelo, la crisis también se refleja en la actividad productiva. Las plantas ubicadas en Lehmann, Clason y Suardi operan de manera intermitente o directamente permanecen paralizadas por la falta de materia prima. En ese sentido, la recepción de leche cayó de niveles históricos a volúmenes mínimos.

Además, la interrupción de acuerdos de producción a fasón que habían permitido sostener cierta actividad meses atrás profundizó el freno operativo, dejando a la empresa sin una fuente alternativa de ingresos.

Frente a este escenario, los trabajadores comenzaron a buscar respuestas por fuera de la empresa y el gremio. De hecho, llevaron su reclamo al Concejo Municipal de Rosario, donde expusieron la reducción de la jornada laboral, la falta de pago de salarios y la interrupción de aportes y obra social.

En ese marco, el Concejo aprobó un decreto para que el Ejecutivo local, a través de sus áreas sociales y económicas, acompañe a los trabajadores con herramientas de inserción, reconversión laboral y asistencia social. Asimismo, se busca garantizar el acceso a derechos básicos como la salud y la alimentación.

Por su parte, los empleados señalaron que el conflicto comenzó a agravarse en 2025, con pagos parciales que finalmente se interrumpieron por completo a comienzos de 2026. Además, remarcaron que la paralización total de las plantas profundizó la incertidumbre laboral.

Mientras continúa evitando la quiebra mediante pagos puntuales, la situación general sigue deteriorándose. Por lo tanto, sin señales claras de reestructuración o reactivación productiva, el futuro de la empresa y de sus trabajadores permanece en un escenario de creciente incertidumbre.