El Poder Ejecutivo Nacional envío al Senado un proyecto que establece modificaciones estructurales al sistema de discapacidad en Argentina, con especial impacto en las pensiones por invalidez y el esquema de prestaciones vigente.

Durante una reunión de la que participaron el Observatorio de Pacientes, funcionarios públicos, junto a referentes del ámbito de la salud, organizaciones sociales y actores de la comunidad, se presentó un informe técnico que abordó el impacto institucional, social y sanitario de la iniciativa.

En diálogo con Conclusión Monica Lenoci, directora del Observatorio de Pacientes advirtió que “esta ley lo que hace es retrotraernos a un nivel que ya habíamos superado, que es el de la invalidez. Estábamos en un estadio social, de inclusión”.

“Por otro lado, está la cuestión del nomenclador. Es muy difícil entender que no va a haber un nomenclador homogéneo, sino que cada provincia, obra social va a poner su costo y va a negociar con la persona que tiene que hacer el tratamiento y su familia”, continuó Lenoci.

“Nos preocupa que estas cuestiones dejen a las personas con discapacidad indefensas, sin tratamiento. Las vacunas no están llegando. Es muy cruel lo que está pasando, tiene que ver con un Estado que no gestiona”, amplió.

El proyecto de Ley, presentado oficialmente como una herramienta para combatir irregularidades en el sistema, introduce cambios que van más allá del control. En ese sentido, se identificaron dos ejes principales: por un lado, nuevas condiciones para acceder y mantener las pensiones no contributivas; por otro, una transformación profunda del sistema de prestaciones a partir de la modificación del nomenclador nacional.

“La llaman Ley de fraude, porque lo basan en encontrar irregularidades en el cobro de pensiones por discapacidad. Aducen que hay dudas sobre las condiciones de aprobación de las pensiones. Lo que hacen es cortar la pensión y después averiguar. Ya estamos teniendo problemas con la entrega de medicamentos”.

Entre los puntos más relevantes, Lenoci destacó “la incorporación de la incompatibilidad entre pensión por invalidez y empleo formal, una medida que podría desalentar la inclusión laboral”. Asimismo, agregó que “el texto del Proyecto de Ley prevé mecanismos de suspensión preventiva de beneficios ante inconsistencias detectadas en cruces de datos, lo que implicaría la interrupción del ingreso antes de que se evalúe cada caso en particular”.

Otro de los aspectos centrales analizados por Lenoci y el grupo en el encuentro, fue la modificación del nomenclador, el instrumento que actualmente fija valores de referencia para las prestaciones y establece un piso común para todos los financiadores. La iniciativa de Ley propone eliminar ese piso universal, habilitando que cada obra social, prepaga o jurisdicción defina de manera independiente los valores de cobertura. Según lo expuesto, esto podría generar desigualdades territoriales, afectar la calidad de las prestaciones y aumentar la litigiosidad al no contar con parámetros comunes para la resolución judicial.

Durante el encuentro también se abordaron las posibles consecuencias en términos de financiamiento, advirtiendo sobre una eventual transferencia de responsabilidades hacia provincias y municipios.