La política energética nacional se encuentra en un punto de inflexión que amenaza con profundizar la crisis económica de millones de argentinos. En un plenario conjunto de las comisiones de Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo logró imponer un dictamen de mayoría para modificar el régimen de Zona Fría, una medida que, de aprobarse en el recinto, implicaría que 1,6 millones de usuarios pierdan el subsidio de manera inmediata.

El proyecto, impulsado bajo el argumento de reducir el déficit fiscal y «focalizar» los recursos en los sectores más vulnerables, ha despertado una fuerte resistencia por parte de bloques opositores y observatorios técnicos, quienes denuncian un «vaciamiento» de las conquistas federales en materia de servicios públicos.

Santa Fe en la mira: 76% de los beneficios en riesgo

Para la provincia de Santa Fe, la derogación de la ampliación de la Ley 27.637 representa una catástrofe social y productiva. Según datos aportados por Clara Ramírez, integrante del Observatorio de Servicios Públicos, la iniciativa apunta directamente contra el beneficio de descuentos por razones climáticas que Santa Fe compartía con Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, entre otras provincias.

Ramírez detalló con precisión quirúrgica el impacto local: “El impacto de esta ley para los santafesinos implicó, según el ingreso, un descuento del 50% para 292.343 usuarios y el descuento del 30% para 258.260, es decir, una totalidad de 550.000 usuarios para redondear tenían un beneficio en su factura de gas”. La especialista advirtió que la readecuación propuesta por el Ejecutivo “implica en usuarios residenciales un 76% de beneficios que se perderían”.

Este retroceso no es solo administrativo, sino que se traducirá en un golpe directo al consumo básico. “El aumento sería casi el doble en la facturación más los aumentos programados que se tienen porque se decidió una actualización incluso mensual del costo del gas. Entonces, esto implicaría un salto tarifario muy importante y con mucho impacto”, sentenció Ramírez en sus declaraciones.

[relacionara url=»https://www.conclusion.com.ar/politica/oficialismo-y-aliados-obtuvieron-dictamen-de-mayoria-del-proyecto-que-modifica-el-regimen-de-zona-fria/05/2026/»]

Un título sin contenido: la trampa legislativa

Desde el ámbito legislativo, la diputada nacional Ana María Ianni (Unión por la Patria) fue una de las voces más críticas durante el plenario. Ianni denunció que el proyecto oficialista es, en esencia, una puesta en escena que mantiene la nomenclatura pero destruye el beneficio real. “La verdad que una sensación más lamentable que después de haber leído un proyecto que es tramposo. Solo le dejaron el título de Zona Fría pero le han vaciado el contenido de lo que implica tener estas zonas frías”, expresó la legisladora santacruceña.

Uno de los puntos más alarmantes señalados por Ianni es que la compensación dejaría de cubrir el costo total de la factura para limitarse únicamente al valor del gas en sí mismo. “Si solamente el subsidio va a ser por el volumen del gas que consumimos pero no sobre el costo del transporte de la distribución que es lo que teníamos en el paquete… obviamente que vamos a tener un incremento en las facturas”, explicó, añadiendo que ahora la ayuda quedará supeditada a la “discreción de algún funcionario del poder ejecutivo nacional”.

Para Ianni, esta desregulación ignora la realidad climática que atraviesan las provincias. La diputada recordó con amargura los años de la gestión de Mauricio Macri: “Vamos a volver a ser tildados como en la época de Macri, te acordás que nos trataban de que éramos los que derrochábamos energía… para ellos es fácil hablar de un territorio que no conocen que no pisan”.

El golpe al sector productivo

La preocupación del Observatorio de Servicios Públicos también se extiende al tejido económico de las ciudades. Clara Ramírez hizo especial hincapié en que este esquema de «subsidio focalizado» deja a la deriva a los pequeños productores. “Al sector productivo impacta fuertemente, sobre todo en los pequeños y en los comercios. Y por ejemplo, la actividad de panificación… estamos hablando no solamente de la pérdida del beneficio del 50 hasta un 70% que tenía por resolución en beneficio de la producción, sino que además con los aumentos acumulativos”.

El panorama descrito por Ramírez es de un «combo bastante complejo» donde se suman los incrementos en la energía eléctrica, configurando una situación donde “estaríamos hablando de un salto en la tarifa muy importante duplicando lo que está llegando hoy en día”.

La respuesta oficial y la batalla que viene

Desde el Gobierno, la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, defendió el proyecto argumentando que el esquema actual es «injusto» porque subsidia a sectores de altos ingresos y que el fondo fiduciario no alcanza para cubrir los costos actuales. Según la funcionaria, la intención es que “la gente que puede pagar la energía lo pague lo que lo tiene que pagar y la gente que no puede pagar la energía se la siga ayudando”, vinculando el beneficio al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Sin embargo, para legisladores como Ianni, el trasfondo es otro: “No entendemos si esto es seguir beneficiando a las operadoras productoras distribuidoras en detrimento del vecino y de la vecina que hoy vuelve a elegir si puede pagar los servicios o comer”.

Con el dictamen de mayoría ya firmado por La Libertad Avanza y bloques aliados como el PRO y el MID, la batalla final se trasladará al recinto de la Cámara de Diputados el próximo 20 de mayo. Allí se definirá si el derecho al acceso a la energía sigue siendo una política de Estado federal o si se convierte definitivamente en un bien de lujo para millones de familias santafesinas y argentinas.