El jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Manuel Adorni, y su hermano, el diputado bonaerense Francisco Adorni, solicitaron a la Justicia en noviembre de 2023 que se declarara prescripta la deuda hipotecaria de 22.500 dólares que pesaba sobre un departamento ubicado en La Plata y heredado tras la muerte de su padre. El pedido se produjo en medio de cuestionamientos sobre el crecimiento patrimonial del funcionario y la situación legal del inmueble.

Según consta en el expediente judicial, los hermanos Adorni argumentaron que las acreedoras del crédito hipotecario habían mostrado “desinterés” en el cobro de la deuda durante más de dos décadas. En ese sentido, sostuvieron que la falta de impulso del proceso por parte de las ejecutantes evidenciaba la intención de no continuar con el reclamo.

Además, solicitaron una acción declarativa de certeza para que la Justicia reconociera la prescripción de la obligación surgida del contrato de mutuo con garantía hipotecaria firmado en 1996.

En ese marco, plantearon que la extinción de la obligación principal implicaría también la cancelación de la hipoteca que pesaba sobre el inmueble.

No obstante, la historia del departamento se remonta a una operación en la que el padre de los hermanos Adorni acordó pagar el inmueble en doce cuotas, siendo la última con vencimiento en noviembre de 1997.

Sin embargo, al no cumplirse el pago total, las vendedoras iniciaron en 2002 la ejecución hipotecaria, proceso que coincidió con el fallecimiento de Jorge Adorni.

Por otra parte, el expediente judicial detalla que la causa de ejecución se inició en julio de 2002 y atravesó distintas instancias, incluyendo su paso por un juzgado de Capital Federal, que posteriormente se declaró incompetente y remitió el caso a la jurisdicción de La Plata en 2019, donde se encontraba radicada la sucesión del titular original.

Asimismo, la investigación pone en duda la versión pública del funcionario sobre el inmueble, ya que el departamento habría mantenido una ejecución hipotecaria vigente al menos hasta 2024. Esto contrasta con declaraciones previas del propio Adorni, quien en 2018 afirmó haber regularizado la situación del bien tras años de esfuerzo económico.

Por su parte, nuevas actuaciones judiciales de 2025 indican que el inmueble aún no había sido vendido y que incluso se informó la pérdida de la escritura hipotecaria original firmada en 1996, lo que agrega otro elemento de incertidumbre al estado legal del bien.

Asimismo, el caso reabre interrogantes sobre la evolución patrimonial del actual jefe de Gabinete y el verdadero estado del departamento heredado, que continúa bajo análisis judicial mientras persisten dudas sobre la resolución definitiva de la deuda.