Pymes advierten que la crisis económica podría derivar en la pérdida de 500.000 empleos formales y en la desaparición de hasta 40.000 empresas hacia fines de 2026, en un escenario marcado por la caída de la actividad económica, el cierre de establecimientos y el incremento de los procesos concursales. Aunque la macroeconomía exhibe algunas señales de estabilización financiera, la situación de las pequeñas y medianas empresas continúa deteriorándose

Los datos del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos (IPA) reflejan la magnitud de la problemática. Desde diciembre de 2023, unas 25.000 empresas dejaron de operar y solo en febrero se registraron 10.200 cierres. Para Federico Vacarezza, coordinador del organismo, el deterioro ya no puede considerarse un efecto transitorio del ajuste económico. “Empieza a adquirir características estructurales”, advirtió.

El impacto alcanza a gran parte de la economía. De los 948 subsectores relevados, 554 registraron pérdidas de empleo formal. La construcción lidera la caída con más de 81.000 puestos de trabajo destruidos, seguida por la industria manufacturera, el transporte y almacenamiento, y las actividades profesionales. En total, 13 ramas industriales se encuentran en situación crítica, con más de 77.000 empleos perdidos y alrededor de 3.100 establecimientos fabriles cerrados de manera definitiva.

Aunque algunos sectores vinculados a la salud, el software y la actividad agropecuaria mostraron mejoras, los especialistas sostienen que esos avances resultan insuficientes para compensar la retracción generalizada. Vacarezza señaló que, si bien algunos indicadores de producción pueden mostrar una recuperación estadística, esa mejora no se traduce en una reactivación del empleo ni en beneficios para las pequeñas empresas.

A las dificultades derivadas de la baja demanda se suma una creciente presión financiera y fiscal. El presidente de IPA, Daniel Rosato, aseguró que las pymes enfrentan una “sangría” de embargos ejecutivos y procesos de quiebra, al tiempo que denunció la falta de canales de diálogo con el Poder Ejecutivo. Por ese motivo, el sector trasladó sus reclamos al Congreso.

Entre las propuestas impulsadas figura la extensión a 180 días de la suspensión de embargos y remates luego de la apertura de un concurso preventivo. La preocupación se apoya en un fuerte incremento de estos procesos judiciales: mientras en todo 2023 se registraron 82 concursos preventivos en la Ciudad de Buenos Aires, en 2025 la cifra ascendió a 190. Solo entre febrero y abril de 2026 ya se contabilizaron 92 nuevos expedientes.

Rosato también advirtió sobre el riesgo de interrupciones en las cadenas productivas de grandes compañías que dependen de proveedores pyme. Según explicó, el aumento de los concursos preventivos refleja el nivel de fragilidad financiera que atraviesa el sector y constituye, en muchos casos, el último recurso para evitar el cierre definitivo.

Las empresas también cuestionan las condiciones de financiamiento y la presión tributaria. Denuncian que enfrentan intimaciones y ejecuciones fiscales en plazos muy breves, mientras soportan mayores costos energéticos y tasas de interés elevadas que dificultan el acceso al crédito. En ese contexto, sostienen que la continuidad de miles de emprendimientos productivos se encuentra comprometida.

Desde el sector remarcan que el cierre de una pyme suele implicar la pérdida definitiva de capacidad productiva y puestos de trabajo, ya que la mayoría de las firmas que quiebran no logran volver a operar. Por ello, advierten que la actual crisis excede el plano económico y amenaza con afectar de manera duradera al entramado productivo que sostiene buena parte del empleo formal en Argentina.