El Gobierno de Santa Fe resolvió dar de baja la asistencia económica que recibía el Movimiento Mahatma Gandhi, una asociación civil de la ciudad capital, y presentó una denuncia penal ante la Justicia luego de detectar presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos asignados a través del programa Tarjeta Institucional. Según informaron desde el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, los recursos destinados a la compra de alimentos para un comedor comunitario habrían sido utilizados en consumos realizados en comercios que no guardan relación con los objetivos del programa.

La medida fue adoptada tras una de las auditorías periódicasque la Provincia realiza sobre las organizaciones que reciben asistencia estatal para el desarrollo de actividades sociales y alimentarias. Durante el proceso de control, los equipos técnicos detectaron inconsistencias entre las rendiciones de gastos presentadas por la institución y los movimientos registrados en la tarjeta asignada por el Estado provincial.

De acuerdo con los informes oficiales, entre los consumos observados aparecen compras realizadas en locales de comida rápida como McDonald’s, además de gastos en bares, restaurantes céntricos y kioscos. Desde el Gobierno señalaron que esos movimientos no serían compatibles con la finalidad de los fondos transferidos, que deben destinarse exclusivamente a la adquisición de alimentos e insumos para la atención de personas en situación de vulnerabilidad.

Ante estas observaciones, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano decidió suspender inmediatamente la asistencia económica a la organización y poner toda la documentación relevada a disposición de la Justicia para que investigue la posible existencia de delitos vinculados al manejo de recursos públicos.

Desde la Provincia recordaron además que la Tarjeta Institucional posee mecanismos de control específicos y que la cuenta asociada únicamente puede recibir depósitos efectuados por el Estado provincial. Por ese motivo, remarcaron que cada gasto realizado con esos fondos debe estar directamente relacionado con las actividades y objetivos sociales para los cuales fueron otorgados.

La asociación civil denunciada estuvo conducida hasta abril de 2024 por el dirigente social Luciano «Chano» Rossi, quien también protagonizó otro episodio de fuerte repercusión pública al ser exonerado de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en julio de 2025.

Según la investigación administrativa realizada por la empresa estatal, Rossi había asistido a trabajar apenas 651 días sobre un total de 2.103 jornadas registradas, acumulando 1.452 ausencias. El dirigente había ingresado a la EPE en 2015 bajo el antiguo sistema de incorporación conocido como «derecho de sangre» o ingreso hereditario, modalidad que fue eliminada por la actual gestión y reemplazada por concursos públicos.

Desde el Ejecutivo provincial destacaron que las auditorías forman parte de una política permanente de seguimiento y control de los fondos transferidos a organizaciones sociales. El objetivo, señalaron, es garantizar que los recursos destinados a programas alimentarios y de asistencia comunitaria lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.

Ahora será la Justicia la encargada de determinar si existió un uso indebido de los fondos públicos y establecer las eventuales responsabilidades de los involucrados en la administración de la asociación civil.