Un informe periodístico reveló que el Banco Nación otorgó 1.120 créditos hipotecarios a Personas Expuestas Políticamente (PEP) entre enero de 2024 y marzo de 2026. La operatoria fue posible gracias a que, durante la gestión de Javier Milei, se modificó la normativa para que los funcionarios públicos de alto rango puedan acceder.

El dato preciso apareció gracias a un pedido de acceso a la información pública que realizó el diario Ámbito Financiero, con el objetivo de dimensionar el alcance de estos créditos multimillonarios que generaron un escándalo tiempo atrás. Los miembros del equipo económico de Luis Caputo fueron los principales beneficiarios, pero también otros miembros de la estructura gubernamental libertaria.

Durante el período mencionado, la entidad bancaria concedió un total de 25.391 créditos hipotecarios. Es decir, uno de cada 23 préstamos se otorgó a una persona alcanzada por el régimen de control reforzado previsto por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Cabe tener presente que el universo PEP incluye funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros cargos públicos, aunque deja de lado a varios miembros de influencia dentro del organigrama del Estado. Es el caso de los subsecretarios nacionales, algunos directivos de empresas públicas o con participación estatal y otros funcionarios.

Al tener en cuenta esto último, se puede afirmar que el acumulado de 1.120 préstamos no es linealmente representativo del total de créditos hipotecarios que recibieron funcionarios públicos en ese período, ya que podrían haber más que no se encuentran dentro del universo de Personas Expuestas Políticamente.

No obstante, esos más de mil préstamos no hubiesen sido posibles sin la modificación que, en septiembre de 2024, aplicó el Banco Nación sobre la normativa de la línea hipotecaria «+ Hogares», con el objetivo de incorporar expresamente a los «cargos políticos designados por resolución o electivos» entre los potenciales beneficiarios.

La normativa que estaba vigente hasta el momento especificaba que la línea crediticia estaba dirigida a trabajadores en relación de dependencia o contratados del sector público nacional, provincial y universitario.

Ante esta movida que reestructuró el escenario existente, la diputada nacional Mónica Frade presentó una denuncia penal -que luego de una disputa de competencia recayó en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti-.

El tema derivó en escándalo con la publicación del portal «¿Cuánto Deben?», donde el diseñador y especialista en visualización de datos Andrés Snitcofsky generó una web que permite ver la información de la Central de Deudores del Banco Central, puntualmente referida a funcionarios de alto rango.

Entre los beneficiarios aparecieron el director del Banco Central, Pedro Juan Inchauspe, con un crédito de $510 millones; el asesor del Ministerio de Economía Felipe Núñez, que se hizo de un préstamo por $373 millones; el secretario de Finanzas Federico Furiase, con $367 millones; y el ahora ex jefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, a quien le otorgaron uno por $420 millones. Este último fue el único que resultó desplazado luego de que trascendiera la información. Al resto, tanto el presidente Javier Milei como el ministro Luis Caputo, les celebraron el accionar.

La línea argumental que salió a sostener el Gobierno, igualmente, apuntó a relativizar el tema. «El Banco Nación otorgó más de 27.000 créditos, de los cuales menos del 0,2% corresponde a personas vinculadas al Gobierno», planteó Caputo al respecto.

No está de más recordar que varios de los que obtuvieron estos créditos hipotecarios multimillonarios proponían, antes de asumir sus cargos, cerrar el Banco Nación y lo definían como «una cueva de acomodados».

Las actividades que cada uno realiza por fuera del ámbito público quedaron bajo la lupa luego de que trascendieran estos préstamos, ya que uno de los mayores cuestionamientos apunta a que los funcionarios y legisladores tienen asegurado el nivel de ingresos actual únicamente mientras dure su tiempo de gestión, luego deberían afrontar los préstamos con fondos provenientes de la actividad privada.