Con el país pendiente del encuentro mundialista, el Gobierno intentará avanzar con uno de los proyectos más controvertidos de su agenda legislativa. La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo modifica la actual Ley de Tierras Rurales y transfiere a las provincias la potestad de fijar –o directamente eliminar– restricciones para la adquisición de campos por parte de personas físicas, empresas e incluso Estados extranjeros. En los hechos, desaparece el tope nacional que desde 2011 impedía que más del 15 por ciento de las tierras rurales quedaran en manos extranjeras. 

La reforma forma parte de la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un paquete normativo que también introduce modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. Sin embargo, el capítulo referido a la tierra concentra las mayores objeciones de especialistas, organizaciones ambientalistas, comunidades indígenas y sectores de la oposición.

Los cuestionamientos apuntan a que la eliminación de los límites nacionales podría facilitar la concentración de grandes extensiones en manos de capitales extranjeros, incluyendo zonas de alto valor ambiental y estratégico. Entre ellas aparecen bosques nativos, nacientes de ríos, cuencas hídricas, humedales, glaciares, acuíferos de agua dulce y territorios de frontera, cuya preservación había sido uno de los fundamentos de la legislación vigente.

Los críticos sostienen además que la descentralización de los controles dejará la regulación librada a la capacidad política de cada provincia. En aquellas jurisdicciones que decidan no imponer restricciones, empresas o fondos de inversión extranjeros podrán adquirir superficies sin los límites nacionales actuales. 

Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que la normativa vigente constituye una traba para las inversiones y desalienta el desarrollo productivo. Defienden que la mayor seguridad jurídica favorecerá el ingreso de capitales y sostienen que serán las provincias quienes definan las reglas de acuerdo con sus propias necesidades.

El escenario parlamentario permanece abierto y el resultado de la votación todavía aparece como incierto. Sin embargo, el Gobierno apuesta a que una jornada dominada por la expectativa deportiva reduzca el costo político de una discusión que involucra uno de los recursos más sensibles del país: la propiedad de la tierra y el control sobre sus bienes naturales estratégicos.