Una desconexión de apenas tres milímetros en una manguera de acero quirúrgico, ocurrida durante menos de cinco segundos, es apuntada como el origen de la contaminación de lotes de fentanilo en el laboratorio Ramallo. La investigación judicial vincula este incidente técnico con un brote que causó al menos 90 muertes y afectó a otras 44 personas en distintos puntos del país.

De acuerdo con la hipótesis que analiza la Justicia, el desperfecto ocurrió en una etapa crítica donde el fentanilo en polvo se disuelve en agua esterilizada antes del llenado de ampollas.

Un peritaje técnico determinó que la desconexión se produjo en el tramo final del circuito de producción. Especialistas indican que el contacto del instrumental con el aire del recinto interrumpió las condiciones de esterilidad necesarias para este tipo de fármacos.

Las normas de Buenas Prácticas de Fabricación exigen detener el procedimiento, higienizar el área y descartar el producto ante un incidente de este tipo. No obstante, los operarios habrían reconectado la manguera para continuar la tarea. La investigación sostiene que, tras este hecho, se completaron y comercializaron otros tres lotes.

La causa incorporó mensajes extraídos de teléfonos celulares secuestrados, donde empleados del área de control de calidad admitían irregularidades. En uno de los chats se menciona explícitamente la desconexión de la manguera y se reconoce que el producto estaba "re contaminado", incluso después de haber sido distribuido.

Tras registrarse las primeras muertes en La Plata, la firma HLB habría intentado someter las ampollas a un proceso de reesterilización por calor a 107 grados. Expertos advierten que este método pudo alterar las propiedades del medicamento y reducir su capacidad analgésica.

El caso está bajo la órbita del juez federal Ernesto Kreplak, quien investiga tanto a directivos de la empresa como a exfuncionarias de la Anmat y del Iname por fallas en la fiscalización. Asimismo, la fiscalía analiza una presunta maniobra posterior de "operación limpieza" destinada a destruir documentación y registros vinculados a la fabricación de los lotes afectados.