El gobierno de Javier Milei consiguió finalmente la media sanción del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, pero lo hizo después de una jornada que expuso las dificultades del oficialismo para imponer en el Senado el texto que había enviado originalmente al Congreso. La iniciativa terminó aprobada por 37 votos contra 33, luego de más de diez horas de debate, pero con dos capítulos centrales menos: el referido a la extranjerización de tierras y el que modificaba la Ley de Manejo del Fuego.

La primera concesión había llegado el miércoles, cuando La Libertad Avanza aceptó retirar del proyecto el capítulo que flexibilizaba las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La eliminación del apartado fue una condición de hecho para destrabar la sesión y reunir los respaldos de bloques provinciales y aliados que el oficialismo necesitaba para avanzar.

Pero la poda no terminó allí.

Cuando la sesión llevaba varias horas y el proyecto se encaminaba a la votación, quedó expuesta la falta de respaldo suficiente para aprobar también el capítulo que modificaba la Ley Nacional de Manejo del Fuego. Poco antes de votar, el senador libertario Agustín Coto anunció que el oficialismo retiraba ese apartado, que formaba parte del texto que había llegado al recinto.

Así, en menos de 48 horas, el Gobierno tuvo que resignar dos de los componentes que habían convertido al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en una iniciativa de mayor alcance. El resultado fue una versión sustancialmente más acotada que la diseñada por el Poder Ejecutivo.

El proyecto que consiguió avanzar mantiene, sin embargo, modificaciones de peso. Entre ellas se encuentra la reforma del régimen de expropiaciones y cambios al Código Civil y Comercial que buscan facilitar y acelerar los procesos de desalojo frente a situaciones de ocupación o usurpación. El capítulo de expropiaciones fue aprobado por 37 votos a favor y 33 en contra.

La discusión parlamentaria dejó, de ese modo, una diferencia significativa entre la iniciativa que el Gobierno había presentado y la que ahora deberá tratar la Cámara de Diputados. El proyecto original incluía reformas sobre la propiedad privada, las expropiaciones, los desalojos, la compra de tierras rurales por extranjeros y el régimen de protección de tierras afectadas por incendios. El dictamen ya había incorporado modificaciones durante su tratamiento en comisiones, antes de llegar al recinto.

La retirada de la Ley de Tierras había sido el primer indicio de que al oficialismo le resultaría difícil conseguir una mayoría propia para sostener todos los capítulos. El jefe del bloque del PRO, Martín Goerling, había cuestionado incluso la forma en que el Gobierno manejó ese apartado. Desde La Libertad Avanza, en cambio, intentaron presentar la concesión como una decisión destinada a preservar los acuerdos parlamentarios. El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, llegó a sostener que si de seis temas se aprobaban cuatro, se trataba de un logro.

La segunda renuncia terminó de desnudar esa relación de fuerzas. La modificación de la Ley de Manejo del Fuego era uno de los puntos que más resistencia había generado, porque alteraba las restricciones existentes sobre el cambio de uso de tierras alcanzadas por incendios. En el texto que llegó al Senado, ese capítulo establecía cambios sobre un régimen destinado a impedir durante décadas que superficies quemadas fueran destinadas a otros usos.

El oficialismo logró, finalmente, convertir en media sanción una parte importante de su agenda sobre propiedad privada. Pero necesitó retirar los capítulos que habían provocado mayor resistencia para conseguir una mayoría mínima: 37 votos contra 33.

La victoria parlamentaria, por lo tanto, llegó acompañada de una derrota política en dos de las reformas que el Ejecutivo había considerado parte sustancial de su proyecto. La Ley de Tierras y el Manejo del Fuego quedaron afuera del texto que ahora deberá ser discutido por Diputados.

En el recinto, la estrategia oficial terminó siendo la de conservar aquello que podía aprobar y resignar aquello que ponía en riesgo el conjunto. El resultado fue una ley más pequeña, con un núcleo concentrado en desalojos, expropiaciones y protección de la propiedad privada, pero muy distante de la versión integral que el Gobierno había pretendido llevar al Congreso.