Santa Fe quedó más cerca de implementar controles toxicológicos obligatorios para funcionarios públicos después de que el Senado provincial aprobara un proyecto que alcanza a los tres poderes del Estado.

La iniciativa, conocida como “narcotest” o “narcolemia”, obtuvo media sanción y ahora deberá ser analizada por la Cámara de Diputados.

El proyecto fue presentado por el senador del departamento Vera, Osvaldo Sosa, y apunta a detectar el consumo de sustancias psicoactivas ilegales entre funcionarios electos y personas designadas políticamente.

El universo alcanzado es amplio.

Dentro del Poder Ejecutivo estarán comprendidos el gobernador, vicegobernador, ministros y las máximas autoridades policiales.

En el Poder Legislativo deberán someterse a los controles senadores y diputados provinciales.

También quedarán incorporados integrantes del Poder Judicial, del Ministerio Público de la Acusación y de organismos de control.

Cómo funcionarían los controles

De convertirse en ley, los estudios serán gratuitos y obligatorios y deberán realizarse en cuatro circunstancias diferentes.

La primera será durante los 30 días posteriores a la asunción del funcionario.

Luego habrá un examen periódico una vez al año.

También se prevén controles aleatorios mediante sorteos y análisis extraordinarios cuando exista una denuncia concreta y debidamente fundamentada.

Los empleados públicos que no estén alcanzados obligatoriamente por la norma podrán someterse voluntariamente a los estudios.

Qué ocurrirá ante un resultado positivo

El proyecto diferencia entre detectar consumo y negarse a realizar el examen.

Si un funcionario obtiene un resultado positivo, no se contempla automáticamente una sanción. El caso será evaluado por un equipo interdisciplinario encargado de determinar su situación y su aptitud para continuar desempeñando el cargo.

Entre las alternativas posibles aparecen tratamientos ambulatorios, licencias temporales o una reasignación transitoria de funciones.

La propuesta busca que ese proceso preserve tanto la confidencialidad de la información médica como el derecho a la salud.

Distinto será el tratamiento para quien se niegue injustificadamente a realizarse el narcotest.

En ese supuesto, la conducta será considerada una falta grave y podrá derivar en una suspensión preventiva, un sumario administrativo o incluso un procedimiento de remoción, según el cargo y el régimen aplicable.

Si Diputados aprueba la iniciativa, el Poder Ejecutivo tendrá un plazo de 60 días para reglamentarla.

La futura ley también invitará a municipios y comunas a adherir, por lo que los controles podrían extenderse posteriormente a intendentes, concejales y otros funcionarios locales si cada jurisdicción decide incorporarse.