La senadora oficialista, Patricia Bullrich, anunció que este jueves la Cámara de Senadores debatirá el proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central.

Tras la aprobación otorgada por Diputados a fines de agosto y con el dictamen de comisión ya emitido, se buscará convertir en ley este proyecto, considerado de máxima prioridad para la gestión de Javier Milei. La iniciativa legislativa busca redefinir la función principal de la entidad monetaria, enfocándose prioritariamente en la preservación del valor del peso.

Entre los cambios más significativos se destacan la imposición de límites severos al financiamiento hacia el Tesoro Nacional, el endurecimiento del mecanismo para remover a los miembros del directorio, la eliminación de las reservas de libre disponibilidad y un plan progresivo para sanear pasivos e instrumentos acumulados en el activo del organismo.

La confirmación del debate tuvo lugar durante un encuentro del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, al cual asistieron representantes de destacados bufetes del país.

En ese marco, Bullrich argumentó que la reforma otorgará real independencia a la institución para evitar que funcione como una dependencia del Poder Ejecutivo, comparando el esquema proyectado con los modelos aplicados en países como Chile, Brasil, Perú y Uruguay.

Más allá de los aspectos técnicos de la norma, la titular del bloque oficialista reconoció el costo social que acarrea el programa económico en curso. Describió el proceso de estabilización como una etapa inevitablemente dolorosa y advirtió sobre la incertidumbre o el temor en la sociedad al momento de enfrentar esta transición.

En un plano más amplio, la legisladora enfatizó la importancia de asegurar la continuidad de este proyecto político en el tiempo para evitar que las reformas se reviertan.

Por último, la exposición abarcó propuestas en materia tributaria e institucional para cuando el contexto fiscal lo facilite, condicionadas siempre al mantenimiento del superávit.

En esa línea, la senadora cuestionó tributos como las retenciones, el impuesto al cheque y las elevadas cargas locales, proponiendo exigir a las provincias y municipios que también reduzcan sus tasas en los regímenes destinados a la atracción de grandes inversiones.