El PAMI, la obra social que atiende a más de cinco millones de jubilados y pensionados, atraviesa una crisis de financiamiento que el gremio ATE define como un "colapso". En el centro del conflicto aparece una deuda con prestadores que supera los $500.000 millones, el corte de la atención programada en más de un centenar de clínicas, sanatorios y hospitales privados, y la denuncia de que el Gobierno dejó sin cubrir dos tercios del dinero que le prometió al organismo tras eliminar el impuesto PAIS.

El origen del desfinanciamiento está en la eliminación del impuesto PAIS, un tributo que volcaba una parte de lo recaudado al PAMI. Según la denuncia sindical, aunque el Gobierno había anunciado que compensaría esos ingresos con transferencias del Tesoro, de los $2,8 billones que le habrían correspondido por esa vía hasta julio se transfirieron unos $900.000 millones: apenas un tercio.

El impacto sobre la atención es directo. La Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress) y otras asociaciones denunciaron un retraso arancelario acumulado de 131,9% respecto de la inflación. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026 el IPC subió un 241% mientras la cápita que abona el PAMI por cada afiliado aumentó solo un 111%, una brecha de unos 132 puntos que vuelve inviable el servicio.

En ese marco, más de un centenar de clínicas, sanatorios y hospitales privados del Conurbano bonaerense, Córdoba, San Juan y Mendoza suspendieron la atención programada a afiliados del PAMI el 27 y 28 de agosto, en reclamo por la mora en los pagos. El caso más emblemático ocurrió en Concordia (Entre Ríos): el Sanatorio Concordia dejó de recibir pacientes del PAMI desde el 1 de septiembre y unos 15.000 jubilados quedaron sin cobertura, con la red pública absorbiendo la crisis.

El secretario general de ATE Nacional y trabajador del PAMI, Rodolfo Aguiar, fue contundente: "Más de 5 millones de jubilados son víctimas y rehenes de quienes están haciendo negocios a costa de su salud". El sindicato denuncia además que en los últimos dos años se registraron 45.000 muertes de adultos mayores por encima de las esperadas, un dato que el gremio vincula con la falta de medicamentos y las dificultades para acceder a prestaciones sanitarias bajo el ajuste.

"Hay un riesgo cierto de que desaparezca una de las obras sociales más grandes, prestigiosas y solidarias de Latinoamérica. Mientras los funcionarios cobran sueldos millonarios, los salarios de los trabajadores se encuentran congelados", remarcó.

El escándalo golpea a la puerta de la Casa Rosada en plena polémica por los 1.000 días de gestión. ATE suspendió el paro del 8 de septiembre tras un acuerdo salarial (14,1% y un bono de $180.000), pero la deuda con los prestadores y el desfinanciamiento estructural de la obra social siguen intactos. Mientras el Gobierno celebra el superávit fiscal, los jubilados pierden de a miles el acceso a la salud que el propio sistema que ahora se deja caer.