La trama agroindustrial del norte santafesino llegó a su punto más crítico: el juez de Primera Instancia Civil y Comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, abrió formalmente el procedimiento de cram down (salvataje) de Algodonera Avellaneda S.A. tras comprobar que la empresa no alcanzó las mayorías de ley para homologar la propuesta de acuerdo preventivo presentada por integrantes de la familia Vicentin.

El factor decisivo fue el Banco de la Nación Argentina. La entidad estatal concentra más del 80% del pasivo quirografario computable, con créditos verificados por $1.585,7 millones y US$ 260,7 millones, y su voto negativo bloqueó automáticamente cualquier posibilidad de homologación del acuerdo original.

El cram down es, ahora, la última instancia legal para evitar la liquidación. Cualquier acreedor interesado –o incluso los propios empleados agrupados en una cooperativa de trabajo– puede inscribirse para presentar planes de reestructuración y salvataje integral. El registro abrirá el martes 29 de septiembre y cerrará el lunes 5 de octubre de 2026.

Las exigencias no son menores: cualquier propuesta competidora deberá reunir la conformidad de la mayoría absoluta de los acreedores y, al mismo tiempo, las dos terceras partes del capital computable. Si no se registran ofertas o ninguna alcanza esas mayorías, la normativa concursal no deja margen: el juez deberá declarar la quiebra y disponer la liquidación de los activos.

El escenario operativo refleja el ahogo financiero. La planta trabaja a un exiguo 60% de su capacidad instalada, resentida por fallas severas y falta de inversión en la maquinaria de hilandería. Para sostener un nivel mínimo de actividad funciona bajo contratos de fazón –procesa materia prima de terceros– y esos ingresos se destinan casi por completo a cubrir los salarios de los aproximadamente 360 empleados que aún conserva la nómina fabril.

A ese cuadro se suma un acumulado de pasivos corrientes que complica cualquier horizonte de continuidad: los síndicos concursales calcularon la deuda posconcursal en $6.818,7 millones, un drenaje operativo que aleja a los inversores privados del sector agroindustrial. Las plantas alcanzadas están en Reconquista, General Pinedo y Bandera.

Frente a la ausencia de compradores en el horizonte inmediato, la alternativa que asoma es una cooperativa de trabajo, aunque su viabilidad depende directamente del apoyo y la asistencia financiera del gobierno de Santa Fe. El desembolso de fondos públicos para reacondicionar el parque industrial y reestructurar el pasivo es una decisión política fiscalmente sensible.

El caso no es aislado en el universo Vicentin. La agroexportadora está en concurso preventivo desde 2020 y, en paralelo, fiscales federales investigan el uso de la firma en la maniobra de lavado de activos que rodeó la compraventa de acciones de la Terminal Puerto Rosario, la concesión portuaria sobre el río Paraná que quedó en el centro de la causa que derivó en detenciones y pedidos de captura internacional.

El desenlace de Algodonera Avellaneda será una señal clave para la cadena de valor del algodón regional y para todo el ecosistema agroindustrial santafesino. El reloj del concurso preventivo ya está corriendo y la ventana de oportunidad es de apenas una semana.