Las elecciones provinciales de 2027 estrenarán un severo régimen de sanciones ajustadas al valor actual de la Unidad JUS ($144.803,04). La reforma no solo busca ordenar el escenario político, sino castigar con fuerza las infracciones de votantes, partidos, candidatos y medios de comunicación.

Para los electores, ausentarse de los comicios sin justificativo dentro de los 60 días posteriores implicará una multa de $72.401,52 (0,5 JUS). Quienes muestren o revelen su voto abonarán entre $72.401,52 y $144.803,04 (0,5 a 1 JUS). A su vez, intentar presionar o coaccionar a otro votante tendrá un costo de entre $144.803,04 y $434.409,12 (1 a 3 JUS).

El ingreso a los locales de votación con armas o distintivos partidarios dentro del radio de 150 metros se penalizará con $434.409,12 a $724.015,20 (3 a 5 JUS). En cuanto a las restricciones generales, comercializar alcohol durante la veda costará entre $434.409,12 y $1.448.030,40 (3 a 10 JUS), mientras que organizar eventos masivos o espectáculos públicos implicará desembolsos de $1.448.030,40 a $14.480.304 (10 a 100 JUS).

Las faltas más costosas recaerán sobre los políticos y los partidos. Hacer campaña durante la veda o publicar pauta fuera del período permitido costará entre $7.240.152 y $14.480.304 (50 a 100 JUS) para candidatos y partidos, sumado a la quita del financiamiento público de 1 a 4 años. Si un particular realiza campaña en veda, la multa irá de $1.448.030,40 a $14.480.304 (10 a 100 JUS).

El incumplimiento de otras figuras clave también será castigado con dureza. Un candidato que falte al debate obligatorio abonará de $7.240.152 a $14.480.304 (50 a 100 JUS). Las autoridades de mesa que falten sin aviso pagarán $144.803,04 (1 JUS) —monto que se duplica en reincidencias—, los funcionarios que promocionen actos de gobierno en campaña enfrentarán multas de $7.240.152 a $14.480.304, y los medios que emitan pauta no autorizada pagarán la misma cifra millonaria y serán excluidos de futuros comicios.