Desde este sábado comenzó a regir en Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, aprobado por el Congreso en 2025, que reemplaza la normativa vigente desde 1980 y establece cambios sustanciales en el tratamiento de los adolescentes acusados de cometer delitos.

La modificación más relevante es la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. De esta manera, los adolescentes que tengan entre 14 y 16 años podrán quedar alcanzados por el nuevo régimen penal cuando sean acusados de determinados delitos.

La reforma, sin embargo, no se limita a reducir la edad. El nuevo sistema establece distintas alternativas a la privación de la libertad y contempla medidas destinadas a la resocialización y reinserción de los adolescentes. Además, determina que los menores no podrán compartir espacios de detención con personas adultas.

Uno de los cambios centrales también aparece en las penas. La nueva normativa elimina la posibilidad de aplicar prisión perpetua a menores de edad y establece un máximo de 15 años de prisión.

Para los delitos cuya pena prevista sea inferior a tres años, el régimen descarta la prisión y establece otro tipo de sanciones. En los casos en que la escala penal se ubique entre tres y diez años, siempre que el hecho no haya provocado una muerte o lesiones graves, se priorizarán medidas de carácter social y educativo.

El nuevo esquema busca combinar la responsabilidad penal de los adolescentes con mecanismos orientados a evitar que la respuesta estatal quede reducida exclusivamente al encarcelamiento.

Recursos para aplicar la reforma

Durante el tratamiento legislativo también se incorporó una modificación vinculada al financiamiento del nuevo régimen. A pedido de bloques dialoguistas, el texto aprobado establece partidas específicas para garantizar su implementación.

En ese marco, se destinarán más de 20.000 millones de pesos a la Defensoría General y más de 3.000 millones de pesos al Ministerio de Justicia. El proyecto original contemplaba que esos recursos quedaran sujetos a las decisiones de la Jefatura de Gabinete.

La entrada en vigencia de la reforma fue celebrada por la exministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras de la modificación durante su paso por el gobierno.

“Se terminó la excusa de la edad para delinquir”, sostuvo Bullrich al referirse al nuevo régimen. La dirigente planteó que los adolescentes que cometan delitos deberán responder por sus actos y afirmó que la reforma busca priorizar la protección de las víctimas.

Así, desde este sábado comienza una nueva etapa para el sistema penal juvenil argentino, con un régimen que reduce la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser sometidos a un proceso penal, pero al mismo tiempo limita las penas y establece alternativas a la prisión, con la resocialización como uno de sus objetivos.