Mientras el Gobierno de Javier Milei decide desfinanciar herramientas clave de prevención en el Presupuesto 2027, la violencia de género en Argentina continúa en aumento y ya hubo al menos 200 víctimas fatales en lo que va del año. Hubo 167 femicidios directos y hay un intento cada 25 horas. Más de 200 niños quedaron huérfanos.

Desde el 1 de enero al 29 de septiembre de este año, al menos 200 personas murieron en casos de violencia de género en el país, según un relevamiento del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven.

Entre estas víctimas fatales se encuentran 167 femicidios directos, 20 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios/transfemicidios.

«El recrudecimiento de las violencias de género ocurre mientras Milei profundiza el desmantelamiento de las políticas públicas destinadas a prevenirlas y erradicarlas. El Presupuesto 2027 enviado al Congreso no contempla partidas para programas fundamentales como la Línea 144 y Acompañar», se indicó desde el organismo.

En el informe también se advirtió por otros datos alarmantes como el de una víctima letal cada 33 horas o el de un intento de femicidio cada 25 horas, los cuales ya fueron 306 intentos en el año.

ambién se resaltó que el 14% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor y que en el 64% de los casos el atacante era pareja o ex pareja.

Además, el 41% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima y otro 23,5% en un hogar compartido. Como consecuencia de estos crímenes, al menos 202 niñas, niños y adolescentes quedaron sin sus madres.

EL DESFINANCIAMIENTO A POLÍTICAS CLAVE

La Línea 144, creada en 2013 para brindar atención, contención psicológica, asesoramiento legal e información ante situaciones de violencia por razones de género, no aparece mencionada en las más de 3.000 páginas del Presupuesto 2027.

Una situación similar se observa con los fondos destinados al Programa Acompañar, vigente desde 2020, que contempla un apoyo económico equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil durante seis meses consecutivos para personas en situación de violencia de género.