La Cámara Federal de Rosario resolvió este miércoles de forma unánime rechazar el pedido de prescripción presentado por la defensa de la partera Dolly Viale de Garrido (88), acusada de liderar una red dedicada a la apropiación, sustracción y venta de bebés a cambio de dinero entre 1968 y 1980.

Los jueces Aníbal Pineda, Florentino Malaponte y Élida Vidal consideraron “prematuro” cerrar la causa debido a la complejidad de la investigación que lleva adelante la fiscal Soledad García. En su voto, la camarista Vidal subrayó el criterio de la Corte Suprema sobre delitos como la supresión de identidad: son “permanentes y continuos” y no cesan hasta que la víctima conoce su verdadera identidad biológica.

Eduardo Saigo, uno de los tantos damnificados que busca la verdad sobre sus raíces, expresó con profunda crudeza la huella imborrable del delito: “Yo nací el 29 de mayo, pero me mataron el 3 de junio”.

Al salir de la sala, el hombre remarcó la necesidad de justicia y envió un desesperado mensaje para encontrar a su familia biológica: “Lo que ellas hicieron no prescribe jamás, porque nos han sustraído la identidad. Que las madres se acerquen, nosotros estamos acá, estamos esperando. Ellas no son culpables de nada, son víctimas como nosotros”.

Por su parte, Silvina Garrido, quien fue anotada falsamente como hija biológica de la partera investigada, reveló detalles espeluznantes del modus operandi que involucraría también a la hermana de la acusada, Silvia Viale: “El equivalente del precio de un bebé era el de un departamento de dos dormitorios. De hecho, pagaban a veces en plazos de hasta 30 y 60 días, con cheques”.

El abogado querellante, Juan Singer, confirmó que en solo diez días aparecieron más de 40 denunciantes y no descartó que se trate de una vasta estructura clandestina integrada por obstetras de Rosario y la región, mientras la Fiscalía avanza en la unificación de imputados para llegar a juicio.