La científica Virginia Aparicio, investigadora del INTA-Balcarce y del Conicet, enfrenta un sumario administrativo que podría exonerarla del instituto a raíz de una investigación sobre el impacto de los agrotóxicos en Argentina.

La investigadora, que forma parte hace más de 20 años del instituto, coordinó en Argentina el proyecto Sprint (Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach), de alcance internacional, que investigaba el impacto de la presencia de plaguicidas en personas, en animales y en el ambiente. El mismo contó con la participación de once países y fue financiado por la Unión Europea entre septie3mbre de 2020 y febrero de 2026.

En Argentina, 73 personas participaron del estudio, y al 86,1% de ellos se le detectó presencia de glifosato en sangre, mientras que en la materia fecal el químico apareció en el 100% de los casos.

“El estudio detectó residuos de plaguicidas no solo en el cuerpo humano, sino de forma generalizada en agua superficial, aire, alimentos, polvo de hogares y suelos”, consignó el medio TN24.

De la misma forma, también se detectó clorpirifos en el 37,7% de los argentinos analizados, frente al 3,7% registrado en Europa. A su vez, en el polvo recolectado dentro de las viviendas se encontraron entre 43 y 86 plaguicidas, mientras que los alimentos analizados presentaron entre 6 y 22 sustancias.

El caso tuvo una fuerte repercusión en la comunidad científica, que se opone a la exoneración de Aparicio. “Lo que quieren es generar miedo para que el resto de los investigadores se autocensuren; quieren que se dejen de investigar los temas verdaderamente importantes, los temas sensibles”, dijo la profesional a Página/12.

Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina, denunció que la Justicia federal investiga a Aparicio por «presunto abuso de autoridad y falsedad ideológica».

«A la ingeniera Virginia Aparicio, investigadora del INTA (Balcarce) y del Conicet, la quieren exonerar de la administración pública. Éste es el castigo más severo que se le puede imponer a un empleado estatal; más grave aún, que la cesantía. La exoneración te deja fuera del Estado para siempre, sin posibilidad de reingreso; típico castigo de gobiernos dictatoriales, como éste. ¿Pero qué falta tan grave cometió la ingeniera?, ¡absolutamente ninguna! Dicho sea de paso, es una de las mejores científicas del país. Se la condena por cumplir eficientemente su trabajo. Lo que pasó es que los resultados de la investigación que realizó Aparicio, molestaron al complejo sojero argentino y a partir de ahí se desató una sistemática persecución a su persona. Como ella misma lo manifestó, la convirtieron en ‘una leprosa en los pasillos del INTA'», remarcó.

De la misma manera, destacó los resultados de la investigación de la científica, asegurando que Argentina es «el país récord, a nivel mundial, en cuanto al uso de pesticidas, con un promedio de 12 litros de veneno per cápita y un consumo global de más de 600 millones de litros».

“Todo ese veneno se vierte sobre los cultivos y todo lo que lo rodea, muchos como la soja y el maíz son exportados a la UE, para alimentar sus animales de consumo; o en su defecto importan animales del Mercosur alimentados con esos productos”, agregó.

En una carta al respecto, Aparicio sostuvo: “La censura científica no necesita adoptar la forma explícita de una prohibición. Existe un problema, también, cuando se obstaculiza la comunicación del conocimiento. Frente a evidencia científica incómoda, una sociedad democrática necesita más ciencia, no menos: mejores datos, discusión abierta, investigación independiente y decisiones fundadas en evidencia. Investigar plaguicidas no significa estar contra la producción agropecuaria. Producir sin información también desprotege a quienes producen”.