La Cámara de Diputados abre este miércoles al mediodía una sesión especial que, por temario y por antecedentes, tiene todo para ser maratónica: siete proyectos, final abierto y una jornada que las fuentes parlamentarias ubican entre la madrugada del jueves y las 24 horas de debate. El quórum, salvo una sorpresa de último momento, está garantizado por el acuerdo entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

El menú no es casual. La Libertad Avanza convocó la sesión para neutralizar la agenda que la oposición había intentado imponer la semana pasada, cuando la sesión para derogar el DNU 70/23 quedó sin quórum. Para conseguirlo, el Gobierno hizo concesiones: aceptó restituir los límites a la compra de tierras por extranjeros y se comprometió a debatir los dos temas incómodos que venían reclamando los bloques críticos, la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias.

Ley de Tierras, el primer punto

El primer punto del orden del día es el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que llega con media sanción del Senado. La Libertad Avanza le agregó dos artículos, el 38 y el 39, que dejan sin efecto el artículo 134 del DNU 70/23 y restituyen la vigencia de la ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

El giro es llamativo para un Gobierno que se proponía desregular la extranjerización de la tierra. “Fue perder lo menos para ganar lo más”, resumió uno de los referentes libertarios en la Cámara baja. La maniobra apuntó a retener a los aliados del PRO, la UCR y los bloques provinciales que rechazaban la venta de tierras sin límites pero no querían derogar todo el DNU. Como el texto cambió, el proyecto deberá volver al Senado.

Con la ley de 2011 otra vez en vigencia, una persona física o jurídica extranjera no podrá ser titular de más del 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada departamento, y una misma nacionalidad no podrá concentrar más del 30% del cupo habilitado para extranjeros. También quedan restringidas las compras de campos con cuerpos de agua relevantes y en zonas de seguridad de frontera.

El proyecto incluye además restricciones a las expropiaciones –el Estado deberá justificar de manera expresa y estricta la utilidad pública–, un nuevo cálculo del pago según el valor de mercado con lucro cesante, la restitución sumaria de inmuebles ocupados en 72 horas si el dueño acredita la documentación y desalojos por falta de pago con una intimación y diez días para cancelar la deuda. En el Senado se cayó el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego.

Trazabilidad de medicamentos y vandalismo rural

El segundo tema es el sistema nacional de alerta y trazabilidad de medicamentos de alto riesgo, una iniciativa transversal que tomó como base el proyecto de Silvana Giudici (La Libertad Avanza) y sumó aportes de Pablo Juliano, Victoria Tolosa Paz, Karina Banfi, Marcela Pagano, Danya Tavela y Mónica Fein. Apunta a sustancias como el fentanilo, después del escándalo del fentanilo contaminado de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo: la Justicia tiene confirmadas 90 muertes y 44 pacientes con secuelas, mientras las estimaciones de auditorías epidemiológicas y comisiones parlamentarias elevan el total a entre 121 y 173 víctimas. El texto prevé registros digitales en tiempo real y protocolos ante sospechas de contaminación.

El tercer punto es el proyecto del PRO contra el vandalismo rural, impulsado por Martín Ardohain, que incorpora nuevas figuras al Código Penal y castiga con prisión la intrusión en establecimientos rurales y el daño a insumos, maquinaria o infraestructura.

Discapacidad, el punto más discutido

Los dos temas que la oposición había logrado meter en la agenda quedaron, en cambio, al final del temario, y ahí está el verdadero pulso de la jornada. En discapacidad, el oficialismo llega con dictamen de mayoría acordado con Argentina Federal y el MID: la “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad” toma casi todo el esquema de beneficios de la ley 27.793, pero le quita el carácter de emergencia y transitoriedad para convertirlo en una norma de orden público permanente.

El texto mantiene la pensión no contributiva por discapacidad en el 70% del haber jubilatorio mínimo, su actualización por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado, y habilita a cobrarla junto con un empleo registrado o el monotributo siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos vitales y móviles.

La oposición –Unión por la Patria, Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y Elijo Catamarca– insiste con la prórroga de la emergencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Su argumento son los números del sector: 324.303 solicitudes de pensión sin resolver, compensaciones a prestadores impagas y atrasos arancelarios del 30,67%. El Consejo Federal de Discapacidad ratificó el pedido el 8 de octubre, y las organizaciones advierten que la ley 27.793 “no se cumplió y la emergencia no está superada”.

Desde el peronismo también denuncian que, tal como está redactado, el proyecto divide las pensiones en dos –una por invalidez laboral y otra por discapacidad– con distinto acceso al programa Incluir Salud. Y quedó flotando la advertencia del secretario de Hacienda, Carlos Guberman, que reconoció que el Poder Ejecutivo “quería otra cosa” con el tema y no confirmó si retirará el capítulo del Presupuesto 2027: la posibilidad de un veto sobrevuela el debate.

Endeudamiento: transparencia contra emergencia

El último punto del día será el endeudamiento familiar. El dictamen de mayoría, que lleva la firma de La Libertad Avanza junto al PRO y la UCR, se llama “Ley de Transparencia Crediticia, Educación Financiera, Mitigación del Fraude Digital y Protección de los Consumidores” y apunta a la información: claridad en tasas y costos, educación financiera y prevención del sobreendeudamiento. No prevé topes a las tasas de interés, quitas de capital ni planes de refinanciación obligatorios para los bancos. También exige doble validación de identidad en los créditos digitales e impide que el silencio o las opciones preseleccionadas valgan como consentimiento.

La oposición –Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica– propone en cambio declarar la emergencia financiera por 180 días y un régimen de reestructuración de deudas en un mínimo de 12 cuotas para quienes llevan más de 60 días de mora, con un tope de dos canastas básicas totales del Indec –unos 3.265.010 pesos– y una cuota que no supere el 30% de los ingresos del deudor. La refinanciación se haría con la tasa TAMAR más un 25%.

El temario se completa con la transferencia gratuita a la provincia del Chaco del Centro de Acopio y Embarque Barranqueras.

Los votos que mira el Gobierno

Los diputados de Santa Fe y Córdoba de Provincias Unidas –Gisela Scaglia y José Núñez– vuelven a aparecer entre los decisivos. El Gobierno convocó para el martes a un plenario por la reforma de la ley de biocombustibles, un reclamo de ambas provincias que viene con media sanción del Senado y que eleva los cortes obligatorios de bioetanol del 12% al 15% en las naftas y de biodiésel del 7% al 10% en el gasoil. La jugada podría inclinar a una quincena de diputados que responden a los gobernadores de Salta, Jujuy, Tucumán, Córdoba y Santa Fe.

La sesión es una de las últimas del período ordinario y, más allá de lo que se apruebe, deja un dato político: el oficialismo aceptó retroceder en dos de sus banderas –la desregulación de la tierra y el ajuste en discapacidad– para sostener el DNU 70/23 y no perder el control de la agenda. Quedaron afuera, por ahora, la ley de Defensa de la Soberanía Nacional (la “Ley Malvinas”), postergada por la presión de Estados Unidos y la falta de acuerdo con los aliados, el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.