La Cámara de Diputados tuvo una jornada de definiciones cruzadas para el Gobierno nacional. Por un lado, aprobó una nueva ley de protección para las personas con discapacidad, con un amplio respaldo de distintos bloques políticos. Por otro, el oficialismo no logró los votos necesarios para avanzar con su proyecto sobre endeudamiento familiar y consiguió que la iniciativa regresara a comisión.

El proyecto sobre discapacidad obtuvo 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones. Con la media sanción, la propuesta pasó al Senado, donde se espera que sea tratada próximamente. El texto fue resultado de negociaciones entre La Libertad Avanza, Unión por la Patria y otros espacios, a partir de un dictamen que incorporó buena parte de los beneficios contemplados en la ley de emergencia vigente, pero con un esquema de aplicación permanente.

Entre los puntos centrales, la iniciativa mantiene la posibilidad de compatibilizar una pensión por discapacidad con un empleo registrado o el monotributo, siempre que los ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos. También contempla la actualización periódica de los aranceles de las prestaciones, la continuidad de la cobertura médica a través de Incluir Salud y un piso presupuestario para el área de Salud, que no podrá quedar por debajo, en términos reales, del asignado el año anterior.

Además, establece auditorías periódicas y prevé un mecanismo para regularizar las compensaciones adeudadas a los prestadores. En los casos en que una revisión detecte inconsistencias en los requisitos para acceder a una pensión, las personas alcanzadas tendrán 160 días para presentar su descargo antes de una eventual suspensión del beneficio.

Un acuerdo con cuestionamientos

La adhesión de Unión por la Patria al dictamen mayoritario se definió después de conversaciones con organizaciones vinculadas a la discapacidad. Desde ese espacio explicaron que no estaban dadas las condiciones para reunir los votos necesarios para prorrogar la emergencia hasta fines de 2027 y que optaron por negociar modificaciones para evitar retrocesos en los derechos contemplados.

El diputado Juan Marino sostuvo que el acuerdo incorporó demandas de las organizaciones, aunque advirtió que la sanción de una norma no resuelve por sí sola la crisis del sector. En ese sentido, reclamó que el Gobierno cumpla con la legislación vigente y alertó sobre las demoras en el otorgamiento de pensiones, la falta de actualización de las prestaciones y las dificultades financieras que atraviesan instituciones y centros de día.

También hubo rechazos al texto. La diputada de izquierda Romina del Plá cuestionó el acuerdo y puso en duda que el Ejecutivo garantice su cumplimiento. Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, pidió que el proyecto regresara a comisión para ampliar la participación de las organizaciones y reclamó garantías presupuestarias.

Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro acompañó el dictamen, aunque expresó desconfianza hacia el Gobierno y reclamó que el Senado avance con rapidez. 

Endeudamiento familiar

En el cierre de una sesión que se extendió durante más de 15 horas, Diputados también resolvió devolver a comisión el proyecto oficialista sobre endeudamiento familiar. La moción se votó cerca de las 3.30 y se impuso por 121 votos contra 117, con cinco abstenciones.

La iniciativa impulsada por el oficialismo estaba centrada en la transparencia de los créditos, el acceso a información sobre las condiciones de financiamiento y herramientas de educación financiera. Sin embargo, no incluía límites a las tasas de interés ni un régimen de refinanciación para quienes acumulan deudas impagas.

Frente a esa propuesta, bloques opositores habían impulsado un texto alternativo que planteaba declarar la emergencia por 180 días y habilitar planes de pago de al menos 12 cuotas para personas con atrasos en sus obligaciones. El proyecto también proponía que las cuotas no superaran el 30% de los ingresos, establecer límites a los intereses y eliminar los punitorios, además de incorporar medidas contra las prácticas abusivas de cobranza.

La discusión estuvo atravesada por advertencias sobre el deterioro de los ingresos y el crecimiento de la morosidad. El diputado Martín Lousteau vinculó las dificultades para pagar los créditos con la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los gastos fijos. En la misma línea, Kelly Olmos señaló que millones de personas acumulan atrasos en sus obligaciones financieras y cuestionó que la respuesta se limite a promover la educación financiera sin abordar las condiciones de pago.

La devolución a comisión se aprobó sin establecer una fecha para retomar el debate. Esa falta de plazo generó fuertes cuestionamientos de legisladores opositores, que advirtieron que la discusión podría quedar paralizada si no se convoca nuevamente a las comisiones.