La Justicia federal resolvió este miércoles imponerle una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el incumplimiento de una orden vinculada con la ley de Financiamiento Universitario. La medida fue dispuesta por el juez Martín Cormick, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11, en el marco de una causa impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional y otras partes contra el Estado nacional.

En su resolución, el magistrado consideró que se había verificado el incumplimiento de la orden judicial y decidió hacer efectivo el apercibimiento establecido el pasado 30 de septiembre. La sanción económica se aplicará por cada día de demora y, según advirtió, el monto podría modificarse, al igual que los funcionarios alcanzados por la medida.

El conflicto está relacionado con la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La normativa contempla la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas, además de la recomposición de los programas de becas estudiantiles. La disputa judicial se desarrolla en torno al cumplimiento de las disposiciones vinculadas con el financiamiento universitario.

Por otro lado, el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, por el presunto incumplimiento de una medida cautelar que ordenó al Gobierno nacional aplicar la ley. La presentación fue radicada en los tribunales federales de Retiro y solicita investigar si los funcionarios incurrieron en el delito de desobediencia, además de otras posibles figuras penales.

En la denuncia, Solano pidió que la investigación también alcance a otros funcionarios que pudieran haber intervenido en el incumplimiento de la resolución. Como posibles delitos, mencionó los artículos 239, 248 y 249 del Código Penal, relacionados con la desobediencia a la autoridad y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. El dirigente sostuvo que la situación reviste gravedad institucional y señaló que la orden judicial fue confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, mientras que la Corte Suprema desestimó el recurso extraordinario presentado en el expediente.