La resolución fue dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, luego de que el Gobierno presentara un pedido de revocatoria contra una intimación anterior. Cormick amplió los fundamentos de su decisión y sostuvo que la medida cautelar continúa firme.

Entre otros puntos, la cautelar establece la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades públicas y la recomposición de los programas de becas estudiantiles. El juez reconoció que el Estado acreditó algunos avances, como convocatorias a negociaciones paritarias y la efectivización de órdenes de pago, pero consideró que no alcanzan para demostrar el cumplimiento integral de la medida.

En relación con los salarios, Cormick señaló que no quedó acreditado que los aumentos y las actualizaciones hayan sido calculados de acuerdo con los criterios establecidos por la Ley 27.795. También rechazó el argumento oficial de que la medida ya había sido cumplida y recordó que el pedido para levantar la cautelar había sido rechazado por el juzgado el 1 de septiembre.

El segundo punto analizado corresponde a las becas estudiantiles. La norma establece la recomposición de estos programas de acuerdo con la variación acumulada del IPC e incluye, entre otros, Progresar, Manuel Belgrano y Enfermería. El Gobierno sostuvo que, según su interpretación, solo la Beca Manuel Belgrano está alcanzada por la ley, pero el magistrado consideró que esa explicación tampoco acredita el cumplimiento de la cautelar.

Cormick sostuvo que la orden judicial todavía no fue cumplida en su totalidad y aclaró que la resolución no implica anticipar una decisión sobre el fondo de la cuestión. El Estado tendrá ahora cinco días para acreditar el cumplimiento y, si no lo hace, el juez podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas.