El policía federal Cristian Miguel Rivaldi fue condenado este miércoles por haber gaseado a una nena de 10 años y a su madre durante una manifestación en defensa de los jubilados, realizada en septiembre de 2024 en las inmediaciones del Congreso de la Nación. El juez federal Daniel Rafecas le impuso un año y tres meses de prisión en suspenso, costas e inhabilitación especial por el doble de tiempo, al considerarlo responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves. Se trata del primer juicio oral que termina con una condena por la represión de una protesta durante la gestión de Javier Milei.

El episodio ocurrió el 11 de septiembre de 2024, cuando Fabrizia Pegoraro y su madre, Carla Mariana Pegoraro, participaban de una movilización en defensa de los derechos de los jubilados frente al Congreso. Según se acreditó durante la investigación, ambas estaban sentadas sobre la avenida Rivadavia cuando el efectivo de la Policía Federal las roció con gas pimienta a corta distancia. En ese momento, las fuerzas de seguridad avanzaban para despejar la calle de manifestantes.

Como consecuencia del ataque, las dos sufrieron irritación y otras molestias físicas. Además, Fabrizia debió recibir atención médica en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, donde le diagnosticaron una «conjuntivitis química».

En la resolución, Rafecas estableció que Rivaldi deberá fijar residencia y someterse al cuidado de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

El debate se desarrolló en una sola jornada. Durante la audiencia se incorporaron las pericias y declararon dos testigos de la defensa. Finalmente, el magistrado dictó el veredicto condenatorio. Los fundamentos del fallo se conocerán el 17 de noviembre.

Uno de los elementos centrales de la acusación fueron los registros audiovisuales de aquella jornada, que permitieron identificar al policía y reconstruir la secuencia del ataque.

Al solicitar la elevación de la causa a juicio, el fiscal federal Eduardo Taiano sostuvo, en su dictamen del 21 de octubre de 2025, que Rivaldi había rociado a las víctimas «de forma desmedida e injustificada, y a una corta distancia». Además, remarcó que ambas estaban «sentadas en la vía pública sin agredir a la autoridad ni ofrecer resistencia alguna».

En esa misma línea, el fiscal destacó que «las imágenes son elocuentes», ya que los registros mostraban que el efectivo no solamente apuntó hacia un hombre que llevaba un bastón, sino que también dirigió el aerosol hacia la madre y su hija.

Según el análisis de la Fiscalía, después de recibir el gas en el rostro, la nena se cubrió instintivamente. También se observó una mancha producto del rociamiento en la parte trasera de la campera azul de su madre.

Por otra parte, Taiano cuestionó la explicación que había brindado Rivaldi durante la instrucción. El policía había asegurado que no había advertido la presencia de la menor y que, de haberla visto, habría intervenido para protegerla. En ese sentido, había declarado: «Si hubiera visto a una niña entre los revoltosos la hubiera sacado de allí para evitar que fuera lesionada».

Sin embargo, el fiscal consideró que esa versión no encontraba respaldo en las imágenes. Incluso señaló que el efectivo tenía parcialmente levantado el visor de plástico de su casco, circunstancia que le proporcionaba «mayor y mejor visibilidad del entorno y de las personas que allí se hallaban».

A partir de esos elementos, Taiano concluyó que Rivaldi había accionado el dispositivo contra ambas mujeres «con pleno conocimiento e intención de lo que hacía».

La investigación también incorporó documentación médica que permitió acreditar las consecuencias del uso del gas pimienta. De acuerdo con la historia clínica remitida por el Hospital Oftalmológico Santa Lucía, Fabrizia fue atendida el 13 de septiembre de 2024 y recibió un diagnóstico de «conjuntivitis química». Además, en el informe de la epicrisis quedó registrada la expresión «me tiraron gas pimienta», correspondiente al relato de la menor.

Por su parte, Carla Pegoraro había contado que ambas estaban tranquilas durante la manifestación y que fueron rociadas mientras permanecían sentadas en el suelo. También relató que otras personas las asistieron y les colocaron leche para aliviar la irritación.

«Quiero aclarar que tanto mi hija como yo fuimos gaseadas, y eso nos causó una gran irritación en los ojos, dolor de cabeza, dolor en el cuero cabelludo y dolor en todo el cuerpo», declaró la mujer durante la investigación.

En su acusación, Taiano sostuvo que Rivaldi se había apartado de las normas que regulan el uso de armamento no letal por parte de las fuerzas federales.

Al respecto, recordó que los dispositivos disuasivos deben utilizarse bajo determinadas condiciones de riesgo o amenaza y que los protocolos de actuación establecen que debe aplicarse «la mínima fuerza necesaria y suficiente».

Asimismo, hizo hincapié en que las disposiciones vigentes exigen especial atención cuando hay niños, mujeres embarazadas o adultos mayores en el lugar de los procedimientos.

Para el fiscal, ninguna de esas condiciones justificaba el accionar del efectivo, ya que la niña y su madre estaban sentadas en el suelo y no representaban una amenaza para los agentes. Por eso, concluyó que «el uso de la fuerza por parte de RIVALDI fue desmedido y desproporcionado».

La Fiscalía había impulsado la acusación por abuso de autoridad en concurso ideal con lesiones leves, mientras que la Cámara Federal había confirmado previamente el procesamiento de Rivaldi sin prisión preventiva y un embargo de 500.000 pesos.
En este contexto, Rafecas dictó condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con lesiones leves.

La sentencia representa un antecedente judicial relevante, al tratarse del primer juicio oral por la represión de una protesta durante la gestión de Javier Milei que concluye con una condena contra un integrante de las fuerzas de seguridad.

Durante la investigación, la defensa de Rivaldi sostuvo que el efectivo no había visto a Fabrizia y a su madre y planteó que el gas podría haber sido arrojado por otra persona. Esa explicación también había sido sostenida públicamente por referentes del Gobierno.

En aquel momento, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó a la madre de la nena por haberla llevado a la manifestación. A su vez, Alejandra Monteoliva, quien entonces ocupaba otro cargo en esa cartera y posteriormente asumió como ministra, había señalado que la responsable del ataque podría haber sido una mujer vestida de naranja.

Tras conocerse la condena, el abogado querellante Gregorio Dalbón, representante de la niña y su madre, publicó un mensaje en su cuenta de X en el que destacó el resultado del proceso.

«No fue un exceso ni un accidente: fue un chorro dirigido, a corta distancia, contra dos personas que no representaban peligro alguno. Así lo probaron los videos y las pericias de Gendarmería Nacional, y así lo entendió el tribunal», escribió.

Además, remarcó la importancia del fallo al señalar: «Es el primer juicio oral por la represión de la protesta durante el gobierno de Milei, y terminó en condena. El uniforme no es una licencia para lastimar. El que reprime a una nena responde ante un juez, con nombre y apellido».

También, el abogado recordó las versiones que habían circulado tras el episodio y cuestionó a las autoridades políticas que habían intervenido públicamente en el caso: «Hace dos años nos decían que la nena se había gaseado sola. Hoy hay una sentencia que dice la verdad». Agregó«Es el primer juicio oral por la represión de la protesta durante el gobierno de Milei, y terminó en condena. El uniforme no es una licencia para lastimar. El que reprime a una nena responde ante un juez, con nombre y apellido. Hace dos años nos decían que la nena se había gaseado sola. Hoy hay una sentencia que dice la verdad. Ahora voy por vos @PatoBullrich y por vos @AleMonteoliva. Una metió un video trucho la otra mintió».

En este contexto, la condena a Rivaldi marca un precedente judicial en las causas vinculadas con el accionar de las fuerzas de seguridad durante las manifestaciones realizadas frente al Congreso.