Este miércoles a mediodía vence el plazo para preinscribirse como comprador de los activos de Algodonera Avellaneda, la textil de la familia Vicentin que la Justicia de Reconquista declaró en quiebra el 14 de octubre. Hasta ahora hay cinco anotados: Algoservicios S.A., Vicentin Cereales S.A., Tipoiti Satic, Enod S.A. y Bolton S.A. La preinscripción no obliga a comprar: habilita visitas a las plantas y el acceso a información económica, financiera y laboral, y después la chance de presentar una oferta. En la resolución del 23 de octubre, el juez Fabián Lorenzini, del Juzgado Civil y Comercial de Segunda Nominación de Reconquista, habló de “crítica situación financiera” y de la “vulnerabilidad económica, social y sanitaria” que atraviesan las familias de los trabajadores.

Los números de la planta son duros. De los 350 trabajadores que llegó a tener, un centenar ya quedó en la calle y no cobró un peso de indemnización. Otros doscientos sostienen la actividad con contratos de fazón –producción por encargo para terceros– y desde abril trabajan apenas unos 75, repartidos entre las secciones Open End y convencional. Según el gremio, la empresa arrastra salarios adeudados, no canceló el formulario 931 –lo que dejó a varios sin asignaciones familiares– y no depositó los aportes sociales ni previsionales. La mayoría de los despedidos tiene más de 45 años y entre 15 y 20 de antigüedad.

La quiebra no llegó por sorpresa. La empresa llevaba dos años concursada y el salvataje —el cramdown— venció sin interesados. El obstáculo central fue el Banco de la Nación Argentina, que concentra más del 80% del pasivo de Algodonera Avellaneda y no aceptó la propuesta de acuerdo: el mismo Estado que dice que no hay plata para rescatar industrias fue el acreedor que la empujó a la liquidación. La semana pasada el juez le dio a la sindicatura una prórroga extraordinaria de cinco días hábiles para evaluar si las plantas pueden venderse en marcha y conservar algo del empleo. En paralelo, el juzgado remata el edificio que la firma tiene en la ciudad de Buenos Aires, donde funcionaban oficinas de Vicentin y de la propia textil: la base es de 1,75 millones de dólares, tomada de una oferta anterior de Electroluz SRL.

El remate tampoco es un trámite limpio. El juez aclaró que las ofertas son no vinculantes, que ofrecer el precio más alto no garantiza la adjudicación y que las operaciones quedan sujetas a una autorización judicial posterior y a eventuales mejoras de oferta. Para las plantas, la sindicatura propone seguir produciendo —en Reconquista, Bandera y General Pinedo hay actividad; la desmotadora de El Colorado está parada— para preservar el valor de los establecimientos y la mayor cantidad de puestos posibles. La documentación de noviembre de 2024 consignaba 562 trabajadores en relación de dependencia y 92 temporarios durante la campaña de desmote. La deuda, dicen los informes del concurso, supera a los activos.

Algodonera Avellaneda tiene una hilandería en Reconquista y dos desmotadoras de algodón en Chaco y Santiago del Estero. Es el último eslabón industrial de la cadena algodonera del norte santafesino, la región que más fibra siembra en el país. Mientras el registro de compradores se cierra, el sector textil acumula una caída de producción del 22,6% entre enero y julio, según la Fundación Pro Tejer, y trabaja con el 45,3% de su capacidad instalada; las prendas de vestir, el cuero y el calzado cayeron 15,9% interanual en julio. El propio sector contabiliza 28.322 empleos destruidos y 770 fábricas cerradas desde diciembre de 2023.

En la Legislatura santafesina el caso ya tuvo su capítulo: hace un año, cuando los trabajadores acamparon frente a la planta, el diputado Carlos del Frade vinculó a la firma con la causa Vicentin y denunció una fuga de 788 millones de dólares a través del Banco Nación de Reconquista y más de 1.400 transferencias hacia paraísos fiscales. El expediente sigue sin un solo condenado. El miércoles, si no aparece un comprador dispuesto a quedarse con las plantas enteras, la liquidación se hará por partes: los fondos para salarios e indemnizaciones dependen, textualmente, de la venta de los bienes, incluidos los que están ociosos.