La organización de la visita del papa León XIV a la Argentina quedó bajo cuestionamiento por el volumen de recursos destinados al operativo y las condiciones de algunos de los espacios montados para las celebraciones.

Una investigación publicada por el portal El Disenso identificó siete procedimientos de contratación directa, con ocho adjudicaciones, por un total de $20.477.334.664,75, equivalentes a unos 14 millones de dólares.

El trabajo reconstruyó los contratos destinados a cubrir servicios de producción, estructuras, transmisión televisiva, sonido, iluminación, energía, pantallas y acondicionamiento de los espacios donde se desarrollaron las actividades del pontífice.

El informe también puso el foco en la instalación de una carpa VIP y distintos sectores preferenciales para funcionarios, empresarios, representantes de la Iglesia y figuras del espectáculo durante la misa frente al Monumento a los Españoles. La difusión de imágenes de esos espacios había generado cuestionamientos por el contraste con los miles de fieles que permanecieron durante horas al aire libre.

La investigación señaló a la Jefatura de Gabinete, encabezada por Diego Santilli, en el marco de la responsabilidad política por las contrataciones, e identificó a Mariana Vello, titular de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, como funcionaria interviniente en la adjudicación principal. 

Las empresas que recibieron los contratos

Según la reconstrucción de El Disenso, los siete procedimientos de contratación directa derivaron en ocho adjudicaciones distribuidas entre distintas empresas. La más importante fue para DF Entertainment S.A., que recibió $8.690 millones por la producción y coordinación general de la misa y la Vigilia de Jóvenes.

DF Entertainment concentró aproximadamente el 42,4% del monto total. Le siguieron Nuevos Aires Producciones, con el 22,2%, y Recordvision, con el 15,1%. En conjunto, las tres compañías reunieron cerca del 80% de las adjudicaciones identificadas.

Una carpa VIP dentro del contrato más costoso

Uno de los puntos centrales del informe es el contrato de DF Entertainment, por $8.690 millones. De acuerdo con el pliego de la contratación 79-0012-CDI26 citado por El Disenso, el servicio contemplaba la producción integral de la misa y la vigilia, junto con el montaje de distintos espacios y sectores reservados.

Entre los requerimientos figuraban una carpa de 30 por 40 metros, climatización, pisos nivelados, alfombras y mobiliario. También se contemplaban 3.500 sillas, sillones, mesas, arreglos florales, sanitarios diferenciados y servicios gastronómicos para distintas áreas del operativo.

El documento mencionado por la investigación incluía además un sistema de acreditaciones para alrededor de 4.000 invitados especiales. Esa cifra corresponde a los invitados contemplados en el dispositivo y no necesariamente a la capacidad simultánea de la carpa ni a la cantidad de personas que efectivamente utilizaron sus instalaciones.

La existencia de estos espacios exclusivos quedó expuesta durante la misa, cuando distintas personalidades compartieron imágenes de las instalaciones y los servicios disponibles. El contraste con los miles de fieles que esperaron durante horas en el exterior alimentó las críticas por el uso de recursos públicos y los criterios de organización.

En medio de la polémica, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, reconoció que algunos elementos del catering, como las medialunas y los budines, habían resultado excesivos, aunque rechazó que se describiera el sector como un lujo descomunal.

Los vínculos empresariales

El trabajo de El Disenso incorporó además menciones a TechSecurity, una empresa de seguridad vinculada con Martín Menem y su entorno familiar, y a Purgato, firma dedicada a tareas de limpieza que relacionó con los hermanos del presidente de la Cámara de Diputados.

Según la publicación, ambas compañías participaron de servicios vinculados con el operativo de la visita papal. Sin embargo, no aparecen con montos individualizados en el detalle de las siete contrataciones principales que suman $20.477 millones. Tampoco se consignan allí los procedimientos administrativos correspondientes a esos servicios.

Contrataciones directas por urgencia

Otro de los aspectos bajo cuestionamiento es el mecanismo utilizado para adjudicar los servicios. Según la documentación citada por El Disenso, los procedimientos se tramitaron mediante contratación directa por compulsa abreviada por urgencia.

La publicación señaló que la Santa Sede había confirmado la visita del pontífice el 5 de agosto, mientras que los trámites para las contrataciones comenzaron a mediados de octubre. Esa cronología abre interrogantes sobre la planificación del operativo, los fundamentos administrativos invocados para justificar la urgencia y las condiciones de competencia entre los proveedores.

En el caso de DF Entertainment, la investigación identificó a Mariana Vello, responsable de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria, como funcionaria interviniente en la adjudicación. También ubicó a Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, organismo al que atribuyó responsabilidad política por el esquema de contrataciones.

El gasto público y el contraste

La polémica por los gastos también se cruzó con el debate sobre el financiamiento de la visita, la distribución de acreditaciones y los criterios utilizados para organizar una celebración religiosa multitudinaria.

Entre las personalidades que estuvieron en los sectores preferenciales y fueron mencionadas por El Disenso figuran Yanina Latorre, Analía Franchín, Ángeles Landaburu, Belén Ludueña, Valeria Mazza y Carolina Ardohain, entre otras figuras del espectáculo.

El informe incorporó además la situación financiera del Pequeño Cottolengo Don Orione, institución que recibió la visita de León XIV y sobre cuya situación el pontífice había expresado preocupación. Según el medio, la entidad obtuvo una resolución judicial de embargo por $828.708.195,16 contra cuentas del Ministerio de Salud, en reclamo por deudas acumuladas.

Se trata de obligaciones de naturaleza diferente a los contratos para organizar la visita papal, pero la exposición de ambos casos alimentó el cuestionamiento político sobre las prioridades del gasto público.