La Cámara de Diputados dio media sanción esta jueves al grueso del paquete de seguridad impulsado por el gobernador Maximiliano Pullaro, con 37 votos a favor y 11 en contra, después de una extensa sesión en la que volvieron a quedar expuestas las diferencias dentro de Unidos.

La aprobación llegó tras semanas de tensiones y de haberse aplazado el tratamiento de la gran mayoría del paquete, la sesión pasada, por motivo de las diferencias planteadas por el socialismo. Un conflicto que rápidamente trascendió los límites de la Legislatura.

De hecho, fue el propio Pullaro quien pidió avanzar con el tratamiento, durante la semana, y el secretario de Gestión Institucional, Federico Angelini, fue incluso más allá al apuntar indirectamente contra el partido de la rosa. "Es una discusión ideológica, pero en Unidos estamos bien, y por eso le decimos a la Legislatura que ya no hay más margen para esperar la resolución", fueron sus palabras a Radio 2.

La respuesta llegó durante el debate en el recinto. La encargada de abrir el tratamiento fue Lionella Cattalini, referente oficialista en las discusiones vinculadas a justicia y seguridad pública, quien convirtió su intervención en una defensa política del socialismo y del proceso de modificaciones que atravesó la iniciativa.

"Quiero reivindicar el debate parlamentario y al socialismo. Nos quisieron poner en la disyuntiva de que debíamos pensar una cosa, sino estábamos a favor del delito", planteó. Y agregó que el proyecto que finalmente llegó al recinto es "mucho mejor de cómo ingresó", precisamente por el tiempo que demandó su discusión.

Cattalini también recogió el guante tirado por Angelini, al señalar que "hay funcionarios que quieren ser empleados del mes". Luego cargó: "Angelini debería estudiar un poco más antes de hacer declaraciones mediáticas que no condicen con la verdad".

Ademñas recordó que su espacio "llegó en un frente donde siempre se supo que se piensa distinto pero con el que hay voluntad de ponerse de acuerdo en los temas trascendentales de la provincia". En ese sentido, Cattalini destacó que la nueva redacción del proyecto es superadora porque le dará "más herramientas al Ministerio Público de la Acusación para avanzar contra las organizaciones criminales", e incorporará el juicio en ausencia.

Es que el recorrido legislativo planteado por el socialismo logró modificaciones concretas en la redacción final. Entre los puntos que finalmente cambiaron se destacó la eliminación del interrogatorio policial, de la delimitación de zonas de intervención policial y de las condenas por decreto en el Código Procesal Penal.

Sin embargo, permanecieron disposiciones que generaron fuertes cuestionamientos, como la declaración informativa sin necesidad de abogado, las exclusiones probatorias, las medidas de coerción dispuestas por fiscales, el proceso de monitoreo y los allanamientos sin autorización judicial en determinadas circunstancias.

Por eso la discusión volvió a exponer las divergencias sobre el alcance de las facultades que se le otorgarán al Estado y a las fuerzas de seguridad. Desde el Frente Amplio por la Soberanía, Carlos del Frade cuestionó que las modificaciones "no alteraron el lugar central que ocupa la Policía en el esquema de intervención".

"Se hizo un enorme esfuerzo para modificar la redacción original del proyecto. Pero no se pudo cambiar el sujeto tácito, que sigue siendo que quien maneja la calle y la información es la Policía de Santa Fe. Es el regreso de La Santafesina SA", sostuvo. Y agregó: "Se le están dando facultades extraordinarias a la Policía de Santa Fe como tenía en 1975 y 76". Luego mencionó los 189 casos de tortura registrados durante 2025 en la provincia, de acuerdo con datos del Ministerio Público de la Defensa.

Celia Arena, de Hacemos Santa Fe, cuestionó la forma en que se desarrolló el tratamiento y advirtió que el texto definitivo "llegó apenas 15 minutos antes de la reunión parlamentaria". Y si bien reconoció que la redacción había mejorado, sostuvo que todavía dejaba "aspectos preocupantes" y anticipó que parte de su interbloque votaría en contra. "Con los delincuentes tenemos que ser implacables, pero también congruentes con los que son inocentes", planteó.

También desde el peronismo, Lucila De Ponti sostuvo que, pese a los cambios, el proyecto continúa tensionando los límites constitucionales. "Es una ley que responde a la voluntad de hacer marketing a través de las políticas de seguridad", afirmó.

Pero como de costumbre, el oficialismo encontró los respaldos que necesitaba para avanzar. Al igual que en la sesión anterior, el acompañamiento llegó desde los espacios celestes de Somos Vida, Vida y Familia e Inspirar, además de algunos peronistas como Alejandra Rodenas. Y, como también es habitual , esos apoyos no estuvieron exentos de reparos.

Silvia Malfesi, de Somos Vida, por caso, anunció que acompañaría la ley en general pero que rechazaría los artículos 5, 6 y 7, además de los comprendidos entre el 15 y el 20. Natalia Armas Belavi, de Vida y Familia, adelantó su acompañamiento en general, aunque cuestionó el tratamiento legislativo y la entrega tardía del último dictamen. Emiliano Peralta, finalmente, defendió la "legitimidad" de las diferencias ideológicas, pero remarcó que la sociedad "también exige respuestas frente a la inseguridad".

Así, la jornada terminó con media sanción para una herramienta legislativa clave en el plan de gobierno de Pullaro. Además, volvió a exponer el papel de los bloques opositores que acompañan y permiten su aprobación pese a que están en total desacuerdo con gran parte de su contenido. En este plano, la pregunta queda abierta: ¿de qué sirve votar en contra de determinados artículos si, al mismo tiempo, se le garantiza su sanción con el acompañamiento en general del proyecto