Santa Fe registró un importante aumento de la población en calle
Un relevamiento contabilizó 730 personas en situación de calle en la capital provincial, 82 más que el año pasado. El aumento confirma una tendencia ascendente que se aceleró en menos de un año.
Los datos del Relevamiento de Personas en Situación de Calle (PSC) 2025, presentados este lunes por Red Puentes, confirmaron no solo la presencia de 730 personas en situación de calle, sino que documentan un agravamiento crítico de la vulnerabilidad en un período menor a un año.
El estudio realizado en la capital provincial expuso la crisis familiar, la violencia institucional y el consumo problemático, indicadores que escalaron significativamente desde el último relevamiento. También pusieron un ojo sobre la feminización de la pobreza extrema y la crisis de la niñez.
Así, mientras la situación de calle sigue siendo mayoritariamente masculina (82,7% varones ), la vulnerabilidad femenina está en auge. El relevamiento registró 86 mujeres en la calle, un aumento notable respecto a las 64 contabilizadas el año anterior. Además, cinco de estas mujeres afirmaron estar embarazadas.
Peor aún es el panorama de la infancia. La cantidad de menores de 18 años expuestos a la vida en la calle registró un importante aumento, pasando de 27 registrados en 2024, a 40 menores que conviven con adultos, la gran mayoría con un vínculo parental.
Asimismo y siempre de acuerdo a los datos, la calle se volvió un lugar más violento y hostil. Más de la mitad de los encuestados, el 60,2%, afirmó haber sufrido algún tipo de agresión desde que vive en esa condición, lo que representa un aumento del 10% respecto a la cifra de 2024.
Lo más grave es la identificación de los principales agresores, que confirma la naturaleza punitiva del abordaje estatal: el 67,5% de las víctimas mencionó a la policía como ejecutora de la violencia; el 50,4% señaló a la Guardia de Seguridad Institucional (GSI).
El consumo de sustancias también se consolidó con un preocupante aumento interanual. El 68,4% de los entrevistados afirmó consumir algún tipo de sustancia, lo que marca un aumento del 10% en comparación con 2024.
A pesar de que el 62,5% de ellos es consciente de que su consumo es problemático, menos de la mitad (42%) recibió ayuda. El sistema público de salud primaria parece ser inaccesible o de poca confianza para esta población, ya que solo el 4,9% recurrió a hospitales o centros de salud para buscar tratamiento.
Adicionalmente, la prevalencia de discapacidad subió casi un 5% respecto a 2024, alcanzando al 18% de los entrevistados (103 personas). La mayoría de estas personas (63,1%) carece del Certificado Único de Discapacidad (CUD), negándoles prestaciones sociales esenciales y profundizando su exclusión.
Por último, la capacidad de la población para generar ingresos también sufrió un revés. Solo el 51% de los entrevistados afirmó haber trabajado al menos una hora en la última semana, lo que implicó una disminución del 12% en la actividad laboral respecto al año pasado. El 54,8% de los encuestados afirmó buscar empleo sin éxito.
En este contexto de crisis, los factores de expulsión primarios son, ante todo, una crisis de contención social y salud: el 50.1% llegó a la calle por conflictos familiares o territoriales, y el 25.7% por consumo problemático o salud mental.
Desde Red Puentes concluyeron que el Estado incumple la Ley Nacional 27.654 y demandaron la adopción urgente de políticas estructurales para abordar una crisis que amenaza el tejido social y la infancia.
