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Un juez en lo Contencioso Administrativo Federal declaró este jueves la nulidad de cuatro artículos de un decreto del expresidente Mauricio Macri que habilitó el acceso al blanqueo de activos en el marco del llamado «sinceramiento fiscal» a familiares de funcionarios públicos.
La decisión fue adoptada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal 11, Martín Cormick, según el fallo a la que tuvo acceso Télam.
El juez hizo lugar a una demanda de la organización Abogados por la Justicia Social La Plata, Berisso y Ensenada, la Asociación Civil La Plata, Berisso y Ensenada Asociación Civil y los diputados nacionales Rodolfo Tailhade, Juliana Di Tullio y Diana Conti.
En la sentencia, el magistrado de primera instancia sostuvo que la firma de ese decreto significó «a extensión de un beneficio a un caso no previsto oportunamente en la ley».
Ello implicó la inclusión en el beneficio «de un grupo de sujetos (cónyuges, padres e hijos menores emancipados de los sujetos alcanzados en los incisos a) al w) del artículo 82 expresamente excluidos en el artículo 83 de la ley”.
Además, el mencionado decreto 1206/06 llevó la ampliación del beneficio del blanqueo de capitales previsto en la ley a «situaciones no previstas» y a la «inclusión de sujetos originalmente excluidos».
«Bajo una supuesta pretensión de incorporar precisiones, se modifican aspectos de la Ley 27.260, generándose en consecuencia un exceso en la reglamentación de la ley», concluyó el juez.
El magistrado sostuvo que «más allá del análisis sobre si existe en el caso exceso en la reglamentación al desvirtuar en tanto modifica la ley que reglamenta, debe destacarse que dicha reglamentación invade la esfera exclusiva del poder legislativo en materia tributaria».
El de 2016 fue el mayor blanqueo de la historia Argentina. Quienes declaraban hasta 19.000 dólares no debían tributar, quienes formalizaban bienes entre 19.000 y y 50.000 dólares tenían una alícuota de 5% y si se exteriorizaba un capital mayor una del 10 por ciento.
Todo comenzó en junio de 2016 cuando el Congreso convirtió en ley el sinceramiento fiscal, un régimen de blanqueo de capitales impulsado por Cambiemos para con la finalidad de que los contribuyentes sinceren su situación fiscal a un costo económico bajo y sin penalidades. Como la ley dejó afuera a los familiares, tiempo después el Ejecutivo emitió un decreto donde estableció entre las modificaciones la incorporación de familiares de funcionarios a las personas pasibles de acceder al beneficio.
En ese momento, la polémica estalló en la política y se tradujo en el plano judicial.
En la demanda, los dirigentes del kirchnerismo afirmaron que el decreto firmado por Macri «violenta la jerarquía constitucional, la división de funciones y poderes republicanos, y mansilla la normativa específica dictada por el órgano especial creado para prevenir e impedir el lavado de activos y la financiación del terrorismo, como resulta ser la Unidad de Información Financiera (UIF)».
También manifestaron que la medida violentaba las recomendaciones elementales del Grupo de Acción Financiera Internacional «cuyo propósito es el desarrollo y la promoción de políticas, en los niveles nacional e internacional, para combatir el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo«.
Como eje central, manifestaron que el decreto representaba un exceso de competencia del Poder Ejecutivo respecto de una función propia del Legislativo.
