La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para que se investiguen presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión del predio de Tecnópolis. La causa, que se conoció este jueves, plantea posibles delitos vinculados a licitaciones y eventuales conflictos de interés.

La presentación judicial pone el foco en una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios, mediante la cual la empresa ATX S.A. habría sido adjudicataria de un contrato superior a los 3.650 millones de pesos para la prestación de servicios de mensajería masiva, incluyendo el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.

En este sentido, la denuncia advierte sobre posibles vínculos societarios entre distintas firmas participantes, como ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L., lo que podría afectar los principios de transparencia y competencia.

Asimismo, se señalan variaciones de precios en procesos similares y la reiteración de empresas relacionadas, lo que, de confirmarse podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.

Por otra parte, el escrito también apunta a la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso valuado en más de 183.300 millones de pesos y administrado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete. En este punto, se investiga un posible conflicto de interés vinculado a la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni.

Según la denuncia, existirían relaciones entre esta firma y empresas como Grupo Foggia, que estaría vinculada a una de las compañías preseleccionadas para la concesión junto a DirecTV Argentina.

Además, se mencionan conexiones comerciales con otras empresas contratistas del Estado, lo que podría configurar incompatibilidades en el ejercicio de la función pública.

Además, Pagano solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de distintas medidas de prueba para determinar responsabilidades. De acuerdo con el planteo, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.