Luego de una semana de negociaciones, este jueves el Senado provincial dio media sanción a un proyecto prohíbe la actividad de cuidacoches -o “trapitos”- en la vía pública. Esto permitirá, por primera vez, que la policía y los municipios actúen de oficio frente a dicha acción.

De esta manera, se penalizará a quienes, sin autorización, ofrezcan o exijan dinero a cambio de permitir estacionar, cuidar, lavar o limpiar vehículos en espacios públicos.

Las penas van desde trabajo comunitario de 2 a 10 días, para quienes sean sancionados por primera vez. Además se podrá prohibir de concurrir al lugar donde cometió la falta. En caso de reincidencia, el sujeto podría ser arrestado de 10 a 20 días. 

Además, las sanciones se agravan en determinados casos, como: cuando haya violencia o amenazas, en zonas de estacionamiento medido, en las inmediaciones de eventos masivos y cuando se aprovechen situaciones de vulnerabilidad, como en horario nocturno o en zonas sensibles (escuelas, bancos, edificios públicos).

Si se comprueba que la actividad está organizada por dos o más personas, se prevén penas de arresto de 10 a 20 días, que pueden aumentar hasta cuatro veces si existen organizadores o coordinadores.

Por otro lado, la aplicación y control de la normativa quedará a cargo de los municipios, que actuarán como “actores contravencionales públicos”.

En ese marco, los gobiernos locales podrán: iniciar actuaciones por infracciones, solicitar la intervención policial para hacer cesar la actividad y disponer el desplazamiento de los infractores del espacio público.

A su vez, el proyecto prevé políticas de inclusión social destinadas a las personas que actualmente desarrollan esta actividad, con medidas como: capacitación y formación en oficios, intermediación laboral, programas de salud mental y abordaje de consumos problemáticos.

El proyecto fue presentado por Seisas en mayo de 2025 y cuenta con los aportes del Ejecutivo provincial y de la Cámara de Diputados. 

“Espero que los diputados actúen y sea ley. Esto no es un proyecto personal ni de nombres: es un proyecto de la gente que se cansó de ser rehén de la extorsión. Lo venimos discutiendo desde el año pasado y lo trabajamos de forma conjunta con la Cámara baja, donde sumamos herramientas como la incorporación al Código de convivencia provincial a través de la diputada Ximena García y el abordaje de consumos problemáticos impulsado por Walter Ghione. Es una ley que sirve para que las ciudades tengan una herramienta más”, comentó el legislador provincial.